Los resultados preliminares de la investigación, señalan que 63,8% de los objetores de conciencia frente al aborto en tres causales son mujeres, y según la causal, se diferencian en: 19% objeta ante peligro de vida de la madre, 27,6% por inviabilidad fetal y un 49% lo hace en casos de violación.
Se trata de un proyecto Fondecyt que ya va en una segunda etapa, liderado por la Dra. Adela Montero, Directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) de la Facultad de Medicina U. de Chile, quien sostuvo que “la causal tres, que es embarazo por violación, fue la que siempre tuvo más dificultades y generó más polémica”.
Estos resultados corresponden a las primeras entrevistas, que desde la aplicación de la ley, fue cuando más fuertemente apareció la Objeción de Conciencia (OC). “En este estudio, nosotros obtuvimos de las 57 instituciones, 21 nos entregaron los que objetan en consciencia”. Se traspasa a un problema mayor de salud pública y protección ya que está entre las principales “barreras a las que se enfrentan las mujeres para acceder a servicios de aborto seguro”, manifestó la Dra. Montero.
Por otra parte, en la etapa actual en la que se encuentra el estudio, “lo que hemos observado es que no había mayormente una objeción de conciencia obstaculizadora porque se han tenido que adaptar, adecuar turnos”, para dar respuesta a las necesidades de la población, “pero habría una OC encubierta, donde funcionarios que no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, emiten comentarios que puedan disuadir a la mujer en la toma de decisión”.
Con respecto al alto porcentaje de mujeres objetoras, la directora de CEMERA comentó que “entre los funcionarios y funcionarias que pueden objetar en consciencia, hay profesiones que son más ‘feminizadas’”, ya que la ley contempla no sólo a ginecobstetras sino que a quienes pueden entrar a pabellón, como enfermeras, anestesistas y otros. “Yo esperaba que en estas profesiones donde hay más mujeres hubiera menos Objeción de Conciencia”, admitió Adela Montero, aludiendo a que además en Chile “esta es una ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales muy específica” y que especialmente para la alta tasa de OC en la causal tres, “no se dimensiona lo que significa un embarazo y una maternidad forzada en una sobreviviente de violación”.
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