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A menos de una semana de la renuncia del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un examen de drogas, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional. La propuesta busca incorporar el consumo comprobado de sustancias ilícitas como una causal directa para el cese del cargo de autoridades públicas.

Desde el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), expuso: “Hoy día tenemos normas en las leyes de presupuesto y en las leyes de reajuste. Por la esencia de esas dos normativas, las disposiciones que allí se señalan son de carácter transitorio y en una materia tan seria y tan compleja no podemos quedar al arbitrio de la disposición y la voluntad transitoria de quienes nos imponen esas normas. Tenemos que tratar de que sea una legislación de carácter permanente“.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast enfatizó la necesidad de adaptar el marco legal ante las mayores exigencias sociales. Al respecto, el Mandatario recalcó que "la ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia y yo creo que nosotros en eso tenemos que oír no solamente a la ciudadanía sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos". 

El mandatario advirtió sobre el avance del crimen organizado internacional y destacó la necesidad de impulsar una legislación moderna, en esa línea, Kast sostuvo: “El tema del narcotráfico, las drogas, el crimen organizado, ha ido infiltrando a distintas naciones. Lo hemos dicho, el crimen transnacional no se detiene, avanza y por lo tanto el compromiso de las autoridades tiene que ser total con el combate a estos flagelos. Chile en esto puede ser un líder en legislación moderna. La reforma constitucional no lo es todo, señala un camino, un camino que ya han indicado en distintas normas o iniciativas legales de parlamentarios que están aquí presentes”.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a actuar de manera preventiva frente a esta amenaza, subrayando que “el riesgo para nuestra democracia es muy alto y lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”. Según precisó Presidencia, el proyecto contempla un amplio alcance e incluirá a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.