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El ministro de Defensa, Fernando Barros, ordenó retirar de Contraloría el decreto que aprobaba la actualización de la Política de Defensa Nacional y Política Militar ingresado por el gobierno del presidente Gabriel Boric en noviembre pasado, y que se encontraba a la espera de la toma de razón.

Según publica El Mercurio, entre conocedores de la materia hay preocupación por la inclusión en dicha actualización de la perspectiva de género y del concepto de un “ambiente libre de violencia” dentro de los principios orientadores del actuar de las Fuerzas Armadas.

En concreto, el documento enviado al organismo fiscalizador por Defensa se limita a señalar que “se solicita a Ud. que tenga a bien autorizar el retiro del Decreto Supremo N° 5 del 19 de noviembre de 2025 que aprueba actualización de la Política de Defensa Nacional y Política Militar de Chile 2025 de esta cartera ministerial, con el objeto de realizar un nuevo estudio de antecedentes, considerando además la nueva instalación de las autoridades”.

Consultados en el ministerio por los motivos de la decisión, señalaron que “este retiro, como el realizado por otros ministerios del nuevo Gobierno, responde a una práctica habitual que ha sido realizado por otras administraciones y a un criterio de responsabilidad mínima de revisión de documentos que prontamente deben ser promulgados, los que deben responder a los más altos estándares de calidad jurídica y reflejen claramente las características, necesidades y objetivos de la Defensa Nacional”.

El texto sometido a revisión, históricamente, ha sido un marco para el trabajo de las FF.AA., donde se fijan los objetivos para la institución y se les entregan instrucciones de cómo deben responder frente a ciertas situaciones, por lo que se suele considerar una política de Estado.

Su última actualización fue realizada en 2020, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y, el año pasado, la cartera entonces liderada por Adriana Delpiano (PPD) aprobó la nueva versión, en la que se agrupó por primera vez en un mismo documento tanto la de Defensa como la Militar.

Si bien en las 144 páginas se incluyen principios habituales, como los límites territoriales, incluyendo la Antártica, o que el país no tiene ánimos expansionistas, también tuvo algunos novedosos, como la protección de infraestructura crítica y resguardo de las áreas fronterizas, tras la reforma de 2023 que les dio dichas atribuciones en la seguridad interna.

Sin embargo, los conceptos que generaron mayor inquietud en el mundo castrense fueron otros, según comentan fuentes. Por un lado, se establece que “el Estado de Chile tiene el deber de promover la igualdad de género y procurar la eliminación de toda forma de violencia y discriminación arbitraria por este motivo”. Y agrega que “la integración de las mujeres fortalece el cumplimiento de las tareas de la Defensa Nacional al ampliar la base de talento e incorporar nuevas perspectivas”.

La otra es la incorporación del “ambiente libre de violencia” dentro de los ejes rectores. En el sector hay quienes estiman como “contradictorio” que las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio legítimo de la fuerza del Estado, deban regirse a dicho principio.

Por su parte, la exministra Adriana Delpiano aseguró que el “trabajo fue bien hecho. Yo la leí y a mí me pareció que estaba impecable, y pasó por la Segpres, que es un filtro fuerte para todos los proyectos. Sería muy importante que se aprobara y lo volviera a incorporar el nuevo Gobierno. Tiene una importancia grande, porque Chile necesita actualizar sus políticas de Defensa”.

En tanto, el subsecretario de Defensa entre 2022 y 2023, Gabriel Gaspar (PS), dijo que “Chile necesita construir una apreciación de los riesgos y amenazas que tiene el país en un contexto global que cambia”. Agregó que ahora el paso lógico es “que se convoque a una instancia no partidaria, no ideológica, a cargo de esto. Eso sería el Consejo de Seguridad Nacional”.