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A través del informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, el la institución castrense repudió las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, como también, los obstáculos y cuestionamientos a los esfuerzos por lograr verdad, justicia y reparación durante el regreso de la democracia.

En el capítulo cuarto (que analiza el período comprendido entre 1973 y 1998 y que lleva el nombre “Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”) se señala “las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación – ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas – fueron una profunda herida ocasionada al deber militar”. 

En el documento también se indica que la permanencia de Pinochet como comandante en Jefe de la institución después de su salida de La Moneda no colaboró con las investigaciones, como por ejemplo, el Informe Rettig.

Además, en el informe se condenó los fusilamientos enmarcados en la llamada “Caravana de la Muerte”, hecho que "afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados”.

El texto se señala que “las acciones del general (Sergio) Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos".

En otros puntos, el informe también condena los asesinatos de los comandantes en jefe René Schneider y Carlos Prats, sosteniendo que “las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales", a lo que se agrega "es injusto atribuir al Ejército en su conjunto, la responsabilidad por las distintas situaciones que han sido materia de investigación en los tribunales".