Columna de Opinión

Para tener el contexto jurídico, el código de Minería del año 1983, deja con restricciones la explotación del Litio, situación que no existía en el anterior código del año 1932. El decreto ley 2886 declara al Litio como recurso estratégico del Estado, donde unas de las razones fundamentales era que estaba vinculado al empleo de energía nuclear; la ley N° 18.248 reglamenta la participación privada en la explotación del Litio esto es con concesiones administrativas o con asociación con alguna empresa estatal; además el código de minería actual en el artículo 7 indica que “No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio”.

Por otra parte, el artículo 1 del código indica que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales y también el derecho de constituir concesión minera de exploración o explotación…..”.

Existen varias posibilidades de dónde extraer de manera comercial el litio, como por ejemplo los salares, contenido en las salmueras y en roca con el mineral denominado espodumena. Diversos autores indican que el costo de producir litio a partir de salmueras, es menor que producirlo a partir del espodumena.

Esto último se ve como ventaja para Chile; por otra parte, la producción de litio desde los salares en lugar de extraerlo de rocas, tiene una menor producción de CO2. Actualmente en Chile solo se produce Litio en el salar de Atacama, cuya propiedad es de la institución estatal CORFO, quien arrienda las pertenencias mineras a SQM y Albemarle. Por otro lado, Chile posee numerosos salares que tienen litio en salmueras y en las sales. Cabe indicar que también Codelco y Enami poseen algunas concesiones donde existe litio, pero están sin explotar. No es menor indicar que también podemos encontrar litio en campos geotérmicos, donde Chile es territorio de volcanes siendo una de las zonas más inestables y activas de nuestro planeta, existiendo alrededor de 90 volcanes potencialmente activos y por ende un gran potencial geotérmico.

La gran polémica está en si se elimina o no la inconcesibilidad del litio, se argumenta que en Chile existen numerosos salares que contienen Litio y solo se explota el salar de Atacama a través de empresas privadas SQM y Albemarle lo que en la práctica significa que la explotación del litio en Chile está actualmente privatizada. Además, la mayoría del resto de los salares existentes en el territorio nacional está en posesión de privados que están amparados por el Código de Minería solicitando el otorgamiento de concesiones mineras de explotación, concesiones donde no solo se ha detectado litio, sino que KCL y Boro; lo recomendable al ver el estado del arte, es dejar que los propietarios de estas concesiones puedan invertir o negociar con inversionistas para desarrollar nuevos proyectos y de esa manera el Estado a través de impuestos para esos proyectos pueda recaudar para beneficio propio recursos indispensables para el bienestar de todos los ciudadanos. Cabe indicar también que la institucionalidad vigente relacionada con el impacto ambiental permite al Estado velar por una apropiada explotación de los salares y la relación de estos con las comunidades que viven en torno a estos salares.

Por su parte las Universidades Estatales junto al Estado no han sido capaces de generar investigación científica con verdadero valor agregado que permita hacer competitivo este negocio para el país, no obstante, a nivel mundial otras Universidades y países han apostado desde años a las tecnologías limpias donde el litio es fundamental.

Dentro de los países que invierten un gran porcentaje de su PIB en I+D+i, están según cifras del Banco mundial y en orden decreciente los siguientes: Corea del Sur (4,29%), Israel (4,11%), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,08%) y China (2,05); en cambio la inversión que realiza Chile en I+D+i, no supera el 0,36%, donde en el 30% está presente el sector privado.

Actualmente Chile exporta carbonato de litio, pero claramente debemos ir más allá, ya que hay países que nos llevan la delantera, transformado el litio en insumos. Si bien el Ministerio de Minería y Universidades del Estado firman convenio, en agosto del año 2022, para desarrollar una política integral en torno al litio, esto no se ha visto reflejado en cosas concretas.

Por lo tanto, como Universidades y donde el Estado debiese ser fundamental en estos temas para apoyarlas en el objetivo de lograr una cadena de valor y producción del litio, estamos al debe, por otra parte, la investigación más allá de solo centrarse en las baterías, debiese contribuir a buscar desarrollar nuevos materiales, mejorar las técnicas de extracción, formar talento especializado, entre otros aspectos fundamentales que en este caso serían para la industria del litio.

Hoy ya parece muy tarde lo que el Estado está tratando de llevar adelante con la Estrategia Nacional del Litio (ENL), ya que esta, podría transformarse más que en un incentivo o un impulso para desarrollar la industria del litio, en la responsable de pérdida de competitividad por factores e interrogantes como: no hay proyectos en carpeta; proceso lento; ¿Cuál sería el incentivo para que los privados se presenten en licitaciones?, entre otros más.

Como contraparte Argentina sin tradición minera está avanzando rápidamente en la industria del litio, donde ya actualmente existen 38 proyectos, la mayoría está en exploración ya avanzada o en construcción; como ejemplo la minera australiana Galan Lithium informó que ha iniciado su proyecto de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia Argentina de Catamarca; también esta Brasil, Bolivia, China, Zimbawe y Australia. Por último, se espera que el Estado de Chile entregue mayor certeza jurídica a los inversionistas, avanzar con el tema de los permisos disminuyendo la tramitación que actualmente puede llegar hasta 8 años.