Columna de Opinión

Este pasado jueves 9 de diciembre de 2021, la Unión Europea presentó un ambicioso Plan de Acción para impulsar el desarrollar de la economía social en sus países miembros, aprovechando su potencial económico y de creación de empleo, así como su contribución para una recuperación justa e inclusiva, y para las transiciones ecológica y digital.

Hay que mencionar que en dicho continente existen 2,8 millones de entidades de la economía social que dan empleo a 13,6 millones de personas. Estas entidades abarcan gran variedad de sectores, desde los servicios asistenciales al reciclaje, y adoptan diversas formas, desde cooperativas hasta empresas sociales.

El Plan de Acción Europeo contempla tres ejes: La creación de condiciones favorables para que la economía social prospere; la apertura de oportunidades para la puesta en marcha y la expansión de las organizaciones de la economía social; así como, el garantizar el reconocimiento de la economía social y su potencial.

Quisiera enfatizar un punto relevante en torno al primer eje, pues para que la Economía Social prospere, se debe crear un entorno adecuado que considere un marco jurídico y políticas que promuevan estas iniciativas.

Por supuesto, reflejándose en términos fiscales, pero también a través de la promoción de la compra pública, subsidios estatales y otras formas de apoyo desde el sector público. Esto se torna aún más fundamental, cuando la Economía Social y Cooperativa trabaja directamente en poder promover el ejercicio al Derecho al Trabajo para los grupos que históricamente se han encontrado más excluidos del mercado laboral.

Es así, que como CIESCOOP USACH invitamos precisamente a los Centros Especiales de Empleos de Personas con Discapacidad y las Empresas de Inserción Laboral de España, además de Cooperativas Sociales Italianas a que relataran sus experiencias respecto a marcos jurídicos y promoción de políticas que favorecieran la inclusión sociolaboral.

El caso italiano es relevante para tiempos de recuperación económica, pues luego de una recesión importante, entre los años 2012 y 2017, el empleo de las Empresas Cooperativas aumentó en 16 de las 21 regiones, en nueve de esas regiones, en más de un 10%.

En 2017, las 57.000 cooperativas italianas empleaban a más de 1,1 millones de trabajadores representando el 6,6% del empleo total en el país. En particular, existe un componente importante de inclusión sociolaboral de los grupos más vulnerables de la población por medio de la Ley 381 de Cooperativas Sociales tipo B del año 1991, donde cerca del 60% son microempresas, de menos de 10 socios trabajadores, las cuales han contado con políticas activas de promoción desde el Estado, a través de la contratación pública a estas entidades.

En Chile, si bien existe un marco legal que promueve las formas de organización cooperativa, no hay un marco jurídico particular que promueva la organización de Empresas Sociales para la Integración de
personas que se encuentren excluidas en su acceso a ejercer el Derecho al Trabajo.

Para ello, la Convención Constitucional es clave, pues sentará las bases del modelo de sociedad que queramos construir en el largo plazo, pero en el corto plazo también son relevante las acciones que
provengan desde el Estado para promover políticas púbicas y programas que generen un impacto directo para las personas que se encuentran excluidas, en un contexto de transición socio ecológica, que desafortunadamente siguen negando algunos países en la actualidad.

En ese sentido, es interesante ver que en el programa presidencial de Gabriel Boric existe voluntad política para “mejorar la participación de pymes y cooperativas en compras públicas en todos sus niveles”.

Además, al igual que el Plan de Acción Europeo se señala la necesidad de “dotar de una nueva institucionalidad al país para fortalecer el sector de la Economía Social y Cooperativa”. En específico, se habla de crear el Instituto Nacional de Cooperativismo, organismo que podrá definir una estrategia de mediano plazo de promoción del sector de la Economía Social y Cooperativa, al funcionar con un gobierno mixto con participación del poder ejecutivo, las organizaciones del sector y el mundo académico.

Este instituto tendría presencia local a través de la articulación con los gobiernos regionales y municipales. Las Empresas Sociales tendrán un papel crucial en el futuro próximo de las políticas de la transición socio ecológica de los países miembros europeos, es de esperar que Chile también puede ser parte de esta transición justa e inclusiva, esperemos que la nostalgia no venza a la esperanza.