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Después de tres años y medio de las protestas que sacudieron Chile en 2019 en el denominado estallido social, Amnistía Internacional alertó en un informe que solo 22 de los 10.936 casos de abusos policiales han concluido en condena y que las víctimas siguen sin contar con la reparación adecuada.

"El Estado chileno muestra grandes debilidades en materia de derechos humanos. La impunidad ha sido la regla general, no se hace cargo de las víctimas del estallido social ni aporta garantías para que no se repitan hechos parecidos", expresó el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, en una entrevista para EFE.

En el informe "La reparación integral de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social", Amnistía Internacional Chile cifra en 130 los procesos judiciales abiertos por abusos policiales durante las protestas de 2019, un 1,19 % del total de las de violaciones de derechos humanos confirmados por el Ministerio Público.

En octubre de 2019 iniciaron en Chile intensas protestas que se alargaron durante meses pidiendo cambios sociales profundos, y que a menudo derivaron en graves disturbios. En total, hubo más de 30 fallecidos y miles de heridos.

Bustos señaló en particular a las 4.402 peticiones de las fiscalías chilenas para aplicar el Protocolo de Estambul, que se activa únicamente en casos extremos como torturas o ataques físicos graves, y cuyas pruebas periciales muchas veces han llegado hasta dos años después del ataque sufrido por la víctima o simplemente no se han hecho.

"Hubo casos de homicidios, de golpizas brutales, personas con lesiones oculares, niñas adolescentes desnudadas en dependencias policiales. Los datos muestran un panorama general de impunidad y seguimos interpelando al Estado y el Gobierno a que cumplan con sus deberes en materia de derechos humanos", remarcó Bustos.

El informe de Amnistía Internacional detalla deficiencias en la atención a las víctimas: los programas se centraron en el aspecto médico, sin contemplar la variante psicológica, y se concentraron en su mayoría en la capital chilena, dejando sin servicios a muchas víctimas que residen en otros puntos del país, apunta la organización.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

 Amnistía Internacional pide al Ejecutivo chileno medidas para garantizar que en un futuro no se repitan hechos similares a los abusos policiales acometidos durante el estallido social, con reformas de calado en la policía chilena y leyes que regulen el uso de la fuerza y las armas por parte de agentes estatales.

"Lamentablemente las últimas medidas aprobadas para reducir la delincuencia en Chile no van en la dirección de proteger la Policía o la ciudadanía, sino que dan una suerte de cheque en blanco a los agentes para usar la fuerza sin límites", dijo el director de Amnistía Internacional Chile.

A raíz del aumento de los delitos más violentos en Chile y la alarma que generaron en los últimos meses, el Congreso Nacional aprobó una ley, denominada popularmente "de gatillo fácil", que da mayores facultades a la Policía para usar su arma de fuego.

Bustos añadió que Chile es uno de los pocos países que aún sigue relegando la regulación en materia policial a normas internas de los cuerpos de seguridad o del Ejército, por lo que abogó por redactar leyes que recojan "directrices claras" sobre el uso de la fuerza y por formar a los agentes en el uso de armas y en derechos humanos.

"Cualquier ciudadano se puede enfrentar en el futuro a un mal uso de la fuerza por un agente del Estado. En una democracia, es fundamental que la fuerza tenga una regulación clara y que el policía sepa cómo tiene que usar el armamento que tiene a disposición", concluyó Bustos.