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Este jueves vence el plazo para que los miembros de la Comisión Experta presenten iniciativas de normas constitucionales, las que se distribuirán en cada capítulo del anteproyecto de nueva Carta Magna que se presentará al Consejo Constitucional.

Cada normativa debe abordar sólo un capítulo constitucional, regularlo, exponer los motivos y el articulado permanente y transitorio. Además, debe tener al menos cinco y no más de diez firmas de los 24 comisionados o comisionadas.

El vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, señaló que "el plazo que vence hoy es para ingresar aquellas iniciativas que luego servirán de base para la discusión futura. Por eso son mínimos comunes o un esqueleto que en algunos casos tendrá más densidad y en otros, menos".

"La próxima semana el pleno de la Comisión discutirá y aprobará las iniciativas que permitirán, a partir de la segunda semana de abril, elaborar indicaciones para seguir discutiendo y acordando los temas pendientes. En este sentido, lo de hoy es un punto seguido en un proceso largo al que todavía le queda mucha conversación", añadió.

Hasta el momento los integrantes de la Comisión se han abocado a buscar los mayores consensos en las cuatro subcomisiones en las que se dividen las intervenciones: Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; Principios, Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

En la Subcomisión de Sistema Político se ha propuesto mantener el sistema presidencialista con cuatro años de mandato y establecer que un Presidente de la República pueda ser reelecto sólo una vez, así como también evitar fragmentar al Congreso en varios partidos.

En tanto, en la Subcomisión de Función Jurisdiccional se ha hablado de definir que sean ministros impares los que formen el Tribunal Constitucional (TC), dividir de mejor manera las funciones del Poder Judicial y flexibilizar el territorio de las fiscalías.

Menos acuerdos hay en la Subcomisión de Principios, donde no se han definido por un Estado social o uno subsidiario que permita elegir la prestación de salud y seguridad social, lo que ha defendido la oposición. La misma temática enfrenta la Subcomisión de Derechos, con debates sobre paridad, agua, salud y previsión.