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Adriana Rivas, exagente del régimen de Pinochet y acusada en Chile por la desaparición de siete personas en la década de 1970, compareció este jueves por videoconferencia desde prisión ante el pleno del Tribunal Federal de Australia, para apelar un fallo contra su extradición.

En el juicio virtual, que quedó visto para sentencia, el abogado de Rivas, Frank Santisi, basó sus argumentos en que "existe la ley chilena de Amnistía" en Chile que no ha sido derogada por el Parlamento e insistió en que no se puede "castigar lo que es impune".

Santisi se refería a la ley aprobada el 18 de abril de 1978, que protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973 -día del golpe de Estado- hasta el 10 de marzo de 1978.

La apelación es contra un fallo pronunciado el 29 de octubre de 2020 por un tribunal local de Sídney y ratificado el pasado 24 de junio por el Tribunal Federal Australiano a favor de la extradición de esta chilena de 68 años acusada de siete cargos de secuestro agravado.

De confirmarse la extradición por este tribunal, Rivas tendría como última escapatoria el Tribunal Superior de Australia, pero para poder recurrir a esta instancia debería demostrar que existió un error en el procedimiento.

"CALLEJÓN SIN SALIDA"

Durante la vista de hoy, dos de los tres magistrados, Debbie Mortiner y Robert Bromwich, fueron particularmente incisivos con los argumentos de la defensa de Rivas, por considerar que los llevaban a un "completo callejón sin salida" y que cuestionan los principios "centrales" de la ley de extradición.

"El mérito del proceso en Chile se ve en Chile, el tribunal (australiano) solo tiene que determinar si el material presentado cumple con la ley de extradición", dijo a Efe Adriana Navarro, la abogada de los familiares de las siete víctimas atribuidas a Rivas, quien consideró que, con la vista de hoy, se han completado "dos tercios" del objetivo de extraditar a la exagente.

Se presume que la chilena, quien está detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney desde febrero de 2019, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Augusto Pinochet), donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.

Para Navarro, "Chile está obligado" a cumplir con los tratados internacionales que ha suscrito y por lo tanto "los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles y no pueden ser amnistiados".

"La ley de amnistía es un argumento sin pies ni cabeza y solo puede verse en Chile", añadió.

Chile busca extraditar a Rivas, quien defiende su inocencia y considera que es víctima de una persecución política, por su presunta participación en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.

Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sídney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.

En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escaparse y volver tres años más tarde a Australia.