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 En el Cementerio Canaán de Pudahuel se está realizando la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, diligencia dirigida por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI. La finalidad es efectuar una segunda autopsia de acuerdo al Protocolo de Minnesota, es decir, cuando hay participación de un Estado en la muerte de una persona.

El 20 de julio pasado, al confirmar la fecha, el fiscal Carrera, quien está a cargo del caso Putre, señaló que “lo haremos la próxima semana, está agendado para el día jueves durante la mañana”. También explicó que la nueva autopsia a los restos de Vargas se realizará durante la misma jornada o el viernes 26 de julio, de acuerdo con la disponibilidad de los peritos.

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“Buscamos dos cosas: por una parte, complementar la autopsia que ya se realizó el 27 de abril pasado, por algunas dudas que mantenían los peritos al momento de analizar dicho documento y, en segundo lugar, para analizar desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota”, añadió.

El 11 de julio pasado, a solicitud de la fiscalía regional, el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, fallecido el 27 de abril pasado en una marcha de instrucción en Putre, para una nueva autopsia.

En esa oportunidad, la fiscalía informó que la madre del joven conscripto también autorizó la diligencia y que la segunda autopsia deberá realizarse bajo el Protocolo de Minnesota.

Se trata de la primera diligencia decretada tras el fallo de la Corte Suprema, que dejó el caso en la justicia civil. La solicitud de la fiscalía busca determinar qué pasó antes de que el joven conscripto falleciera y si hubo o no apremios ilegítimos que pudiesen haber incidido en su muerte.

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De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, en base a los antecedentes reunidos por la fiscalía, la víctima ingresó de urgencia el 27 de abril al Cesfam Rural de Putre, sin signos vitales, constatando su fallecimiento a las 7:12 horas.

También se sabe que se practicó una autopsia por parte de peritos del Servicio Médico Legal que no se realizó conforme al Protocolo de Minnesota, que es lo que correspondía en este caso según el Ministerio Público, la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.