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La confirmación de la libertad del exagente de la DINA, César Manríquez Bravo, por parte de la Corte Suprema abrió un nuevo foco de controversia, luego de que funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos acusaran una decisión administrativa que, a su juicio, debilitó la persecución judicial en causas por violaciones a los derechos humanos.

El máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió un recurso de amparo y permitió al condenado de 95 años abandonar la cárcel. La resolución se adoptó sin alegatos y por mayoría, considerando suficientes los antecedentes presentados.

El fundamento central del fallo se basa en el deterioro mental irreversible de Manríquez. Informes del Servicio Médico Legal concluyeron que presenta un síndrome demencial equivalente a una enajenación mental, condición que requiere cuidados permanentes y bajo la cual, según el tribunal, no representa un riesgo para terceros.

En esa línea, la Corte sostuvo que el cumplimiento de las penas, incluso en casos de delitos de lesa humanidad, debe realizarse respetando la dignidad, integridad y salud de las personas mayores.

Sin embargo, el punto más crítico surgió fuera de tribunales. La Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos (ANFUDDHH) acusó que la autoridad instruyó no apelar la resolución de la Corte de Apelaciones, lo que calificaron como una señal preocupante.

En un comunicado, la organización advirtió que no agotar todas las instancias judiciales en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos “va en contra de los estándares del derecho internacional” y constituye un “pésimo precedente”.

Asimismo, señalaron que esta decisión “favorece la impunidad” y se aleja del rol histórico que ha tenido el Programa de Derechos Humanos, orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas en este tipo de delitos.

Desde la defensa, en contraste, valoraron la resolución como una reafirmación del Estado de Derecho. La abogada Carla Fernández sostuvo que el fallo demuestra que “cuando los argumentos de fondo son sólidos y la ley es clara”, las decisiones judiciales se sostienen sin necesidad de mayores instancias.

La jurista añadió que el caso reafirma que los derechos humanos son universales, precisando que el exagente cumplirá su condena bajo el cuidado de su familia, acorde a su estado de salud.