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La Fiscalía Metropolitana Sur pidió más de 170 años de cárcel para la pareja de anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero, acusados por los delitos de envío y colocación de artefactos explosivos en Huechuraba, Las Condes y Vitacura, homicidio frustrado y daños calificados, crímenes cometidos entre 2019 y 2020.

En un receso del juicio que comenzó esta mañana en el Sexto Tribunal Oral Penal de Santiago, el fiscal Alex Cortez indicó que "se ha solicitado una alta pena, que va sobre los 150 años para Francisco Solar y alrededor de 20 años para Mónica Caballero".

“Se trata de una importante cantidad de delitos que les fueron imputados. En términos generales puedo señalar que para Francisco Solar la pena está sobre los 150 años de privación de libertad por cuanto participa en un número mayor de delitos y dichos delitos están relacionados con consecuencias para distintas personas que sufrieron lesiones”, detalló.

Añadió que la fiscalía lo acusó por homicidio frustrado “en relación a la intencionalidad que tuvo el sujeto al remitir estos artefactos explosivos”.

Respecto a Caballero, señaló que “su participación está circunscrita solo a un hecho y, por lo tanto, la pena es menor”. En ese caso, detalló que serían “alrededor de 20 a 25 años” de privación de libertad.

A Solar se le acusa del envío de paquetes-bomba al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter ,en las la oficinas de Quiñenco, en La Condes, y a la 54° Comisaría de Huechuraba, en 2019. Asimismo, la Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo del caso, imputa a ambos por la colocación de dos artefactos explosivos en el edificio Tánica de Vitacura en 2020.

Desde 2020 ambos se encuentran en prisión preventiva, Solar en la Cárcel de Alta de Seguridad (CAS) y Caballero en la Cárcel de Mujeres de San Miguel. De acuerdo a la estimación de la Fiscalía Sur, el juicio se extendería por más de un mes.

La pareja se hizo conocida en 2010 cuando fueron acusados y luego absueltos en lo que se denominó el caso Bombas I, luego que la justicia sostuviera que el Ministerio Público no había acreditado su participación en los hechos y cuestionara infracciones de garantías de algunos de los indagados.

Además, en España, el 31 de marzo de 2016 fueron condenados a 12 años de cárcel, por los delitos de lesiones y daños terroristas, tras instalar y detonar una bomba en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza.

Luego de un año de prisión luego de la sentencia y 4 en total, conmutaron el resto de la condena a cambio de la expulsión del territorio español. Volvieron a Chile el 7 de marzo del 2017.