Actualidad

Según publica El Mercurio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) estimó que el segundo semestre de 2023 se reportaron cerca de 190 millones de dólares, mientras que el primer semestre ese monto ascendió a 90 millones de dólares.

La Ley 21.234, conocida como Ley de Fraudes, limita la responsabilidad del usuario ante casos de extravío, hurto, robo o fraude, y establece que los bancos deben restituir cifras de hasta 35 UF en cinco días hábiles, o en siete días hábiles si superan ese monto.

El gerente general del gremio, Luis Opazo, señaló que "virtualmente imposible de probar, especialmente en operaciones masivas como es el caso de los pagos electrónicos. Esto ha propiciado esquemas delictivos de autofraude". A estos "esquemas" atribuyen el aumento en los reportes.

En tanto, desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), su abogado Antonio Olivares, planteó que el alza en los reportes de fraude ocurre dado que los bancos "no han logrado cumplir los estándares de seguridad" para evitarlos, y debido a un mayor conocimiento de la ley.

En ese sentido, aseguro que cuando ocurre un fraude se “está vulnerando la seguridad bancaria”. En el caso de los autofraudes, Olivares manifestó que "deben ser castigados. Pero cuestión distinta es que por algunos casos en que ello haya ocurrido, sea todo el resto de los usuarios los que deban pagar por la desprotección que se propone”.

Debido al alza en los avisos de fraudes, el Gobierno envío diversas modificaciones a la ley, entre las cuales se encuentra una rebaja en el estándar de culpa, ampliar los plazos para reembolsos y la imposibilidad del usuario de desconocer ciertas transacciones.

Al respecto, el gerente general del gremio argumentó que esto no corrige “las deficiencias de la actual ley" y llamó a "restituir el equilibrio entre la protección de los clientes y la promoción de un uso diligente de los medios de pago".

Por su parte, Conadecus evaluó las medidas como "un verdadero retroceso". Olivares recalcó que con la ley "se buscó resguardar a los consumidores y elevar los estándares a la banca. Sin embargo, las propuestas que se han dado a conocer disminuyen el estándar de cuidado de las entidades financieras”.