Actualidad

La Fundación Multitudes elaboró un informe entre enero y diciembre de 2022 que aborda medidas para prevenir y combatir la corrupción en Chile, el cual también está enfocado en la devolución o repatriación de ganancias ilícitas.

Este texto comprende un total de 100 páginas, en las cuales se recomiendan 15 acciones prioritarias contenidas en un total de 41 sugerencias, que buscan aportar al gran desafío planteado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnuac).

Específicamente, el Informe paralelo de la sociedad civil de la Cnuac examina la implementación en el país del Capítulo II (Medidas Preventivas) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de dicha convención.

Lo cual tiene como objetivo hacerse cargo de la "gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades".

En su contenido se examinan temas principales relativos a Órganos de prevención, Políticas de prevención de la corrupción, Financiación de la política, Códigos de conducta, conflicto y declaraciones de interés y Empleo en el sector público.

Por otro lado, se agregan mecanismos de denuncia y protección de alertadores, Acceso a la información y participación de la sociedad, Contratación pública, Gestión de la hacienda pública, Transparencia del sector privado, Lucha contra el blanqueo de dinero, Medidas para la recuperación directa de bienes, Herramientas de decomiso y cooperación internacional, restitución y disposición de activos.

Una de las principales conclusiones del informe es la de conformar una estrategia nacional anticorrupción o Estrategia de Integridad Pública, que fortalezca al circuito de la misma. Esto, a través de la coordinación de los diversos órganos vinculados con este tema.

Como recomendación referente al financiamiento de la política, se aconseja incluir en la legislación un apartado específico que permita las campañas y la propaganda en las redes sociales, además de mejorar los instrumentos para poder transparentar aún más la actividad política, posibilitando así la rendición de cuentas de los gastos electorales.

El estudio apunta entre otras recomendaciones a que se implemente un marco legal para generar modelos de prevención, transparencia y seguimiento de delitos en el ámbito privado.

Entre las deficiencias, fue revelado que no todos los organismos públicos con competencia en la materia generan reportes hacia la Unidad de Análisis Financiera (UAD), limitando su labor, rango de acción y fiscalización.

Dentro de los organismos públicos referidos, se encuentran el Ministerio Público, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), Dirección de Inteligencia de Carabineros, Ministerio de Justicia y Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

 Por ello, el informe sugiere fortalecer la comunicación en esos sectores.

 Otra recomendación se dirige a fiscalizar y exigir que los bancos (empresas privadas) y sujetos, estén obligados a reportar casos de corrupción. De la misma forma, de malversación de fondos para que así cumplan con sus deberes de comunicar los casos dentro de sus instituciones mediante la sanción de normativa.

Por otra parte, enfatiza sobre regular los métodos de colaboración y aplicación de la recuperación de activos dentro de la cooperación internacional, y mejorar en el marco normativo de la tipificación del delito de lavado de activos, así cómo se financia el terrorismo.