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Gendarmería realizó acciones judiciales para revertir la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tras ordenarle a dicha institución que dé permisos a familiares de reos extranjeros, los cuales están con una situación migratoria irregular.

Entre los imputados que podían acceder a estos permisos estaban los acusados del crimen del suboficial Daniel Palma e integrantes del Tren de Aragua.

El ministro de justicia, Luis Cordero, abordó este tema y confirmó el respaldo del Gobierno a la acción realizada por Gendarmería. "El Ejecutivo tiene una opinión crítica. Hasta ahora, Gendarmería ha actuado de conformidad con los criterios que ha establecido previamente y que habían sido ratificados por la propia jurisprudencia de la corte", indicó.

Agregó que "Gendarmería ha señalado y el gobierno comparte la doctrina de Gendarmería, que no pueden realizar visita de cárcel aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recintos de máxima seguridad".

Finalmente, la autoridad de gobierno afirmó que "ese ha sido el criterio sobre el cual ha actuado Gendarmería, ese ha sido el criterio que hasta ahora habían respaldado los tribunales y por eso Gendarmería va a insistir en tribunales sobre mantener esa doctrina".