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El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó esta semana a tramitación una indicación al Proyecto de Ley que Reforma la Ley Zamudio con miras a crear una División de Igualdad y No Discriminación, una antigua demanda impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para dotar al país de una entidad estatal que haga frente a las exclusiones arbitrarias.

Los alcances "División de Igualdad y No Discriminación", fueron conversados ayer por el Movilh con el subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, en cita sostenida en dependencias del Ministerio de Justicia.

"Estamos esperanzados con este paso dado por el Ejecutivo, pues con la institucionalidad antidiscriminatoria todas las políticas públicas y leyes contra las exclusiones arbitrarias aprobadas desde la recuperación de la democracia tendrán efectivo seguimiento y podrán ser perfeccionadas o actualizadas", señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

"Con una institucionalidad estatal se avanzará decididamente para que el derecho humano a la no discriminación deje de depender de las autoridades de turno”, agregó Jiménez.

La División de Igualdad y No Discriminación, de acuerdo a la indicación gubernamental, quedará radicada en la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y tendrá como fines promover “planes, políticas y programas contra las excusiones, prestar apoyo a los órganos del Estado, propender a la coordinación del sector privado con el sector público, diseñar y ejecutar programas de capacitación y promoción; difundir contenidos favorables a la diversidad social, orientar a las víctimas de la discriminación y celebrar convenios”.

La División de Igualdad y No Discriminación contará con un/a Jefe/a de División y 13 profesionales a nivel central, siendo su presupuesto anual proyectado de $856.058 millones para su primera etapa y de $677.413 millones anuales desde el segundo año en adelante

La entidad contempla además un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria compuesto por el/a Subsecretario/a de Derechos Humanos, que será su presidente/a, y un/a representante de la Subsecretaría General de Gobierno, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; del Poder Judicial, del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, del INDH y de la Defensoría de la Niñez. A estos se añadirán seis representantes de organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, tendrán derecho a voz, un representante del sector empresarial y otro del campo laboral.

El Consejo señala la indicación sesionará cada seis meses. Sus recomendaciones “serán de carácter público y deberán recoger la diversidad de opiniones existentes en el cuándo no haya unanimidad respecto de estas”. 

Entre otras labores, el Consejo recomendará políticas públicas, evacuará informes y requerirá antecedentes a otros órganos estatales.