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La Contraloría General de la República determinó que la Subsecretaría de Salud Pública del gobierno de Sebastián Piñera privilegió a dos agencias de viajes, en el marco de la ejecución del plan "Fronteras Protegidas".

Según el ente contralor, "la referida autoridad ministerial, en los hechos, adoptó una determinación que puso en una situación de ventaja a dos agencias de viajes, en desmedro de los demás posibles interesados".

Lo anterior, "sin acreditarse que se hayan cumplido las mencionadas exigencias que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado y que buscan cautelar la observancia de los principios de juridicidad, probidad, transparencia, escrituración, interdicción de la arbitrariedad y de libre concurrencia, e igualdad de los oferentes".

Por su parte, el organismo argumentó los motivos que lo llevaron a seleccionar a las agencias Turismo Cocha S.A y Travel Security S.A, para que prestaran exclusivamente, como intermediarios, el servicio de hotelería a los pasajeros que debían cumplir con su aislamiento al llegar al país después de realizar un viaje.

Así, aseguraron que "las contrataciones no se regirían por lo previsto en la ley N° 19.886 y su reglamento, toda vez que la propia subsecretaría -en un oficio de 2021- los ha considerado “convenios de colaboración” y que no existiría un pago del Estado como contraprestación".

"Lo cierto es que de todos modos resulta aplicable en la especie el citado artículo 9° de la ley N° 18.575, precepto que ordena que las contrataciones que celebre la Administración del Estado se hagan previa propuesta pública, a menos que concurran las circunstancias excepcionales que hagan procedente la licitación privada o el trato directo, lo cual ha de disponerse a través de un acto administrativo debidamente fundado", detallaron en el documento.

En ese sentido, "y en tales condiciones, se debe concluir que no se ajustó a derecho lo obrado por la Subsecretaría de Salud Pública para efectos de concretar el servicio de intermediación hotelera respecto del cual se ha reclamado".

De hecho, Contraloría detectó una "eventual existencia de vínculos de parentesco de funcionarios o exfuncionarios de la Administración del Estado con personas que tendrían participación en calidad de representantes legales o accionistas tanto de las individualizadas empresas como de otras asociadas a ellas, lo que podrían configurar situaciones de conflicto de intereses".

La entidad estimó pertinente remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que se instruya un procedimiento disciplinario que pueda establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.