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El Gobierno determinó desistir de las querellas por Ley de Seguridad del Estado que presentaron contra los camioneros que paralizaron distintas rutas del país entre el 25 y 26 de abril de este año.

En esa oportunidad, la ministra del Interior de ese entonces, Izkia Siches, dio un ultimátum para las 16.00 horas de dicha jornada para que los transportistas despejaran las rutas, que estaban bloqueadas por sus peticiones relacionadas al alza de combustible y mayor seguridad en los caminos.

Si no se cumplía lo dicho por la exautoridad, se aplicaría la Ley de Seguridad del Estado, que aplica contra quienes "inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública".

Finalmente, desde el Gobierno presentaron nueve querellas producto de las paralizaciones: dos en Tarapacá, tres en Atacama, y una en las regiones de Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes.

No obstante, recientemente las delegaciones presidenciales ingresaron a los tribunales las solicitudes para desistir de las acciones judiciales. Aquello implicaba además el levantamiento de medidas cautelares en contra de los presuntos responsables.

El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), Sergio Pérez, estimó que "nunca hubo mérito para aplicar ninguna Ley de Seguridad del Seguridad del Estado respecto de los camioneros de Chile".

"Si el Gobierno ha estimado necesario retirar alguna posible querella me parece que está dentro de lo que tiene que hacer un Gobierno que entiende que nuestro actuar gremial está en la línea de pedir lo correcto, que se restablezca el estado de derecho en la nación", aseguró.

También señaló que le gustaría que el Gobierno "se afanara en sacar adelante la agenda de seguridad, una nueva ley de inteligencia, antiterrorista, por el robo de madera, contra el crimen organizado y las organizaciones criminales que están actuando en el país, eso es una noticia que nosotros la valoramos mucho más que haber desistido de una querella que no tenía ningún ni mérito".