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El gobierno presentó este martes la querella que había anunciado para perseguir las responsabilidades penales quienes resulten responsables del secuestro del exmilitar venezolano Ronal Ojeda, sacado a la fuerza desde un domicilio de la comuna de Independencia hace una semana.

La acción judicial fue ingresada por el Ministerio del Interior en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago y en ella se detalla que se busca a los autores, cómplices o encubridores del secuestro, porte ilegal de arma de fuego y otros ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos investigados por el Ministerio Público y que se mantienen en reserva.

“Cuando el o los hechos revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”, dice el escrito de 11 páginas.

“Esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos”, agrega.

Además dice que “resulta palmario que los hechos constitutivos del delito de secuestro, donde el comienzo de ejecución de los delitos fue en el domicilio de la víctima, con armas de fuego, constituyen un innegable atentado a la sensación de tranquilidad de un sector determinado de la población”.

El gobierno solicita que se despache orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, “con el objeto de que empadrone a los posibles testigos, solicite la entrega de registros audiovisuales, y en definitiva se realicen todas las diligencias necesarias conducentes al esclarecimiento de los hechos”.

Además espera que se determine la relación de los hechos descritos con otras denuncias recibidas, “incluyendo en especial, pero no de manera exclusiva, relativas a delitos de secuestros, homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas, amenazas condicionales y robo”.

Entre las diligencias solicitadas en la querella se pide un peritaje planimétrico del sitio del suceso y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado los hechos denunciados.