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El proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, anunciado por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del 1 de junio, ya ingresó al parlamento por la Cámara de Diputados y el gobierno anunció esta mañana que le pondrá urgencia para que sea visto con celeridad.

Así se confirmó durante la presentación de los aspectos relevantes de este texto legal en la que participó la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, acompañada del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Durante la presentación del proyecto, la Vicepresidenta Tohá dijo que "el Ejecutivo se quiere hacer cargo de que en el ámbito escolar se aprenden muchas cosas, pero una de las más importantes y de las que por largo tiempo menos se ha hablado es que se aprende a convivir, se aprende a vivir juntos. Vivir juntos en comunidades donde hay diferencias".

"No siempre cuando se hacen las cosas bien se evitan los conflictos y no siempre se logra evitar totalmente la violencia, pero cuando la violencia se produce también es educativo cómo se actúa frente a ella. Y devolver con la misma mano, es una forma de transmitir un mensaje que termina validando la violencia en lugar de desactivarla", añadió.

Tohá destacó que este proyecto es pieza clave "de algo que como país tenemos que enfrentar en profundidad".

La iniciativa, que fue ingresada a tramitación legislativa el pasado miércoles, busca que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar con medidas que previenen y erradican todo tipo de acoso, violencia o discriminación.

Para la elaboración de este proyecto se tuvieron a la vista diversas iniciativas previas como el proyecto que lleva por nombre "José Matías", que refiere al adolescente trans que se quitó la vida en 2019 en Copiapó, tras sufrir bulliyng.

Además, integra contenidos relevantes para abordar el bienestar de los equipos educativos, elaborados a partir de diversas experiencias, entre ellas la que llevó al suicidio a la profesora Katherine Yoma, este año en Antofagasta.

Asimismo, considera en lo medular una política nacional, que tenga planes de acción concretos, que se traduzcan en planes en las escuelas; que haya encargados de convivencia; un seguimiento de la situación de convivencia; una superintendencia con atribuciones para abordar el tema, con personal y con recursos disponibles; y un abordaje interinstitucional del problema.

La iniciativa propone cuatro ejes: establece el rol del Estado para abordar la convivencia; robustece el rol de coordinación y los instrumentos de gestión para la convivencia educativa; fortalece funciones institucionales que orienten un enfoque pedagógico, incluyendo un Observatorio de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros; y contempla el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos.