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El Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, un instrumento de política pública orientado a mejorar los estándares de probidad y anticorrupción en el país.

“Estamos en una época en donde parecieran prevalecer las divisiones y las diferencias, y sin embargo, hay ciertos temas en la vida pública que merecen ser tratados con sentido de unidad nacional, porque en ellos se juega la fortaleza y la legitimidad de nuestra democracia, y la confianza de las personas en la misma (...) y por lo tanto, para poder enfrentarlo se requiere de esta transversalidad”, dijo el Presidente Gabriel Boric en la presentación de la estrategia.

“Acá no estamos partiendo de cero, Chile es un país que se ha preocupado de este tema anteriormente y en donde sin lugar a dudas es necesario ir actualizándonos, es necesario trabajar más. Pero como Gobierno en esto no estamos inventando la rueda”, complementó.

El mandatario agregó que “se hace cargo de los diferentes problemas de fondo que tiene el país en materia de corrupción, y también busca anticiparse, sin medias tintas ni dejando temas de lado, sin perjuicio de que en el futuro puedan surgir nuevos temas que nos obliguen, por cierto, a actualizar esta estrategia, como corresponde en un país desarrollado”.

Sin embargo, apuntó que este plan “no tiene por objetivo principal resolver la contingencia o casos particulares. No se hace pensando en específico en el caso de Algarrobo, de la Municipalidad de Las Condes o en el caso convenios. Pero sí, también, actúa en estos. Porque el objetivo de esta estrategia es dar una respuesta estructural y permanente a una serie de pendientes y brechas para no dar tregua a la corrupción en Chile, venga de donde venga”.

El documento tiene 169 páginas y el Ejecutivo detalla que “el foco está puesto en la integridad, en el entendido que este concepto engloba los de “anticorrupción” y “probidad”, ya que incluye un ámbito más amplio que comprende también dimensión ética y cultural, y apunta también a actores del sector privado y a la sociedad en su conjunto”.

En cuanto a la manera en que se creó este instrumento, destacan las “consultas, diálogos y mesas de trabajo con académicos, representantes de la sociedad civil, el sector privado y actores clave de las principales instituciones estatales con competencias en el ecosistema anticorrupción de nuestro país”. Y agrega que “más de sesenta instituciones del Estado aportaron e impulsaron el desarrollo de este instrumento”.

Sobre las áreas temáticas que aborda la estrategia se detallan cinco ejes: Función pública, Recursos públicos, Transparencia, Política y Sector Privado. Y consigna que el instrumento “define hacia dónde avanzar, con un completo diagnóstico y definición de objetivos estratégicos que orientarán la creación de una cultura de integridad, con un horizonte de diez años” y por otra parte, “establece una verdadera hoja de ruta para avanzar hacia tales objetivos, al contar con un plan de acción de más de 200 medidas, realistas pero ambiciosas, para alcanzar los objetivos propuestos”.

Por ejemplo, en Función pública (70 medidas en total) se plantea presentar un proyecto de ley de prevención de conflictos de intereses y de Integridad Municipal, que -señalan desde el Ejecutivo- ya está siendo tramitado con urgencia en la Cámara de Diputados.

En el eje de Recursos públicos (40 medidas), destaca la Ley de compras públicas, recientemente promulgada, que agrupa medidas legislativas, como un sistema de detección de conflictos de intereses y monitoreo de tratos directos, y además presentar un proyecto de ley que regule de forma permanente las transferencias estatales a instituciones privadas sin fines de lucro y consolide lo incorporado en el Presupuesto 2024.

En Transparencia (30 medidas) se propone la apertura de datos del Estado, con medidas administrativas, legislativas y de gestión. Para esto, anuncian el desarrollo un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado y un portal donde responder solicitudes de la ciudadanía.

Por otra parte, en Política (22 medidas) se pretende impulsar una iniciativa que impida que personas condenadas por ciertos delitos de corrupción puedan presentarse a cargos de elección popular o ocupar puestos de dirigencia en partidos, y además, mejoras a la regulación de gasto electoral y otros temas de campañas políticas.

Finalmente en Sector privado (41 medidas) se anuncia la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, para facilitar el combate a la evasión fiscal, el crimen organizado, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, atentados contra la libre competencia y, en general, los conflictos de intereses.