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Este martes, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, informó que el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que posibilita la expulsión de extranjeros que haya sido condenados por tráfico de drogas. Además, el texto legal busca el descongestionamiento de los penales chilenos.

A través de un comunicado de la secretaría de estado, se señaló: “Hemos ingresado un proyecto de ley desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a delegados presidenciales, parlamentarios, en particular de la zona norte del país, para hacernos cargo de este tema". 

"La población migrante recluida (en Chile) se ha incrementado y se concentra en el norte del país". Las estadísticas muestran que si el año 2013 representaba un 3,7 por ciento del total, en abril de este año ya alcanza al 10,3 por ciento del total de la población penal, con un total de 4.298 reclusos”, se indicó. 

La ministra Ríos indicó que la iniciativa ayudaría a “alivianar la carga que significa la cantidad de estas personas condenadas en los recintos penitenciarios del país”.

El proyecto sostiene que “quienes calificarían para las nuevas condiciones propuestas no pueden tener a su haber condenas por Ley de Drogas superiores a los cinco años y un día".

De esta manera, las personas que sean expulsadas del país a través de la expulsión judicial no podrán ingresar a Chile un periodo de 10 años, y en el caso de que lo hagan, “deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad impuesta. 

El 86% de los extranjeros presos está recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama y Metropolitana.