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La noche de este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno ingresó un veto a la Ley de Usurpaciones, esto debido a que como está redactada, salvaguarda el delito pero elimina la autotutela. De esta manera, se realizaron 14 observaciones, en donde 10 son de fondo y cuatro formales.

En este mismo sentido, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde explicó que “es muy importante aclarar que el caso del veto supresivo y sustitutivo, en caso de que el Congreso lo rechace, tiene que votarse favorablemente por dos tercios de los integrantes de ambas Cámaras presentes en la sesión para insistir en el texto original”.

Si lo anterior no ocurra, no habrá norma. Por lo mismo, el secretario de Estado dijo esperar que “exista voluntad para aprobar este veto porque creemos que corrige los aspectos más complejos de lo aprobado”. 

“El tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, (es) algo que va en contra de las bases de nuestro entrenamiento jurídico y particularmente de nuestro sistema penal”, señaló. Y en este mismo sentido, dijo que “se tiene que restablecer el principio de que son las policías y los tribunales los que restablecen el imperio del derecho, estando el monopolio de la fuerza radicada en el Estado”.

Indicó que “establecimiento de la graduación de pena sobre la base de la gravedad de las circunstancias en que se comete el delito y, por tanto, el juez podrá tener consideración de estas circunstancias para finalmente determinar cómo se aplica la pena". En este mismo camino, explicó que "se establece esta forma de restitución anticipada o rápida de manera tal que, por un lado, las policías pueden actuar en cualquier momento y adicionalmente los tribunales pueden ordenar la restitución sin esperar el fin del juicio”.

Elizalde aseveró que esta norma “otorga herramientas adecuadas para el rápido restablecimiento del imperio del derecho, pero al mismo tiempo respetando los principios básicos sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. No podemos autorizar la violencia de particulares para ejercer más bien para resolver sus conflictos jurídicos, porque eso genera más violencia”.