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El Gobierno confirmó este miércoles el retiro desde la Contraloría del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego de las críticas surgidas entre alcaldes por una de sus disposiciones y sus eventuales efectos sobre la continuidad en el cargo de los jefes comunales.

La decisión fue comunicada por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, durante una reunión del Ejecutivo con las principales asociaciones municipales, instancia convocada para abordar las inquietudes planteadas en torno a la normativa.

El principal punto de controversia se encontraba en el artículo 8 del reglamento, referido a las obligaciones de los municipios para verificar que los directores de Seguridad Pública y los inspectores municipales cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

La disposición señalaba que el incumplimiento de estos deberes podía generar responsabilidades administrativas y que, cuando estas recayeran en el alcalde, eventualmente podrían configurar la causal de notable abandono de deberes.

El punto generó cuestionamientos entre distintos jefes comunales, quienes plantearon reparos a que una materia que puede derivar en la salida de una autoridad pudiera ser precisada a través de un reglamento.

Desde el Ejecutivo, en tanto, habían defendido que la disposición no establecía una nueva causal de destitución, sino que explicitaba una responsabilidad que ya se encuentra contemplada en la legislación municipal. En esos casos, el procedimiento correspondiente se tramita ante el Tribunal Electoral Regional.

La Asociación Chilena de Municipalidades había solicitado previamente retirar el reglamento de la Contraloría y abrir un nuevo proceso de trabajo para revisar sus disposiciones. La norma también había generado cuestionamientos de alcaldes de distintos sectores políticos.

El retiro se produce luego de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señalara que el Ejecutivo estaba disponible para realizar las modificaciones necesarias a partir de las observaciones formuladas durante el proceso.

De acuerdo con la explicación entregada por el Gobierno, la decisión no responde a un error en el contenido del reglamento, sino a la necesidad de modificar su redacción para evitar interpretaciones diversas respecto de las responsabilidades que establece.