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La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció que en el municipio decidieron no perseverar en la compra de la exClínica Sierra Bella.

La jefa comunal tomó la decisión después de un informe donde Contraloría acusó un "precio injustificado" en la oferta de compra de $8.200 millones que realizó el municipio por el establecimiento.

En lo principal, el extenso dictamen estableció que “no se fundamenta el gasto” para la adquisición del inmueble donde se buscaba habilitar un nuevo Cesfam para la comuna, apuntando a que es "casi el cuádruple del monto fijado".

“Se evidencia una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio —234.124 UF, equivalentes a $8.252.873.341— en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por la vendedora”, consignó el documento.

Ante ello, Hassler informó que “hemos decidido no perseverar en el proceso de compra. Al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”.

Además, subrayó que "aquí no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y por tanto ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio”.

La jefa comunal valoró que el ente contralor indicase que "ha sido un proceso transparente y que los concejales y concejalas tuvieron todos los antecedentes a la vista en este proceso”.

Además, le indicó a la comunidad que "vamos a seguir trabajando pro contar con la infraestructura de salud que nuestra comuna necesita y merece, especialmente con la alternativa urgente de un recinto para el Cesfam Padre Orellana”.

Cabe señalar que diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pidieron a los concejales de Santiago acusar Hassler por notable abandono de deberes debido a la resolución del ente contralor.

Juan Antonio Coloma, Marta Bravo y Daniel Lilayu tildaron el escrito como "lapidario" y advirtieron que "el municipio hubiese tenido el descaro de pagar un sobreprecio de hasta cuatro veces por el inmueble, lo que se habría transformado en un verdadero escándalo financiero".

En paralelo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió en marzo una solicitud del Ministerio Público para incautar el vale vista con el que la municipalidad buscaba pagar la primera cuota del inmueble, de propiedad de la Inmobiliaria San Valentino SpA.

Esto ante la presentación de dos querellas, una de las cuales fue presentada por los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázabal, del Partido Republicano, quienes plantean que la propiedad estaba a $3.500 millones solo meses antes de la adquisición.