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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación después de la aprobación de la Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa contiene una serie de indicaciones relativas al resguardo de las policías y al aumento de penas contra quienes cometan delitos en contra de las mismas. Uno de los injertos que mayor controversia ha causado es la legítima defensa privilegiada, que busca modificar la calidad penal de imputado en que quedan los oficiales que utilizan su arma de servicio.

En un comunicado, la directora del INDH, Consuelo Contreras, advirtió que "la delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos".

"Una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos", añadió.

Advirtió que "el mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos. Este entendimiento armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional".

En esa línea, Contreras acusó que "los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros".

"Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia", añadió.

Cabe señalar que la ahora senadora Fabiola Campillai (IND) fue impactada con una bomba lacrimógena en su rostro en San Bernardo, cuando estaba en un paradero y se dirigía hacia su lugar de trabajo, en el marco de una manifestación del estallido social en octubre de 2019.

El incidente le provocó la pérdida los sentidos de la visión, el olfato y el gusto, mientras que el autor del disparo, Patricio Maturana, fue condenado a 12 años y 183 días de cárcel por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves.

En tanto, el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió tras recibir un disparo por la espalda durante un operativo del GOPE de Carabineros en Temucuicui, Ercilla, en noviembre de 2018. El principal acusado, el excarabinero Carlos Alarcón Molina, fue condenado a 16 años de cárcel por el homicidio.

"La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley", indicó el INDH.

"Los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos", agregó.

"No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación", cerró.