Actualidad

La Contraloría General de la República difundió su informe final sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta. Anunció sumarios y que entregará los antecedentes a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.

En un documento de 95 páginas, el ente contralor verificó la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios con mecanismos para su elección, tales como llamados públicos.

De acuerdo al informe, la asignación de los recursos fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que los justificaron.

"Para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de $426.000.000, ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad", señaló la Contraloría.

Agregó que "no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios".

Añadió que "se constató que a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022, el Seremi Minvu de Antofagasta de la época (Carlos Contreras, quien renunció al cargo), solicitó al Encargado de Planes y Programas de esa repartición, enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras".

En sus conclusiones, la Contraloría sugirió a la Seremi de Vivienda y al Serviu de Antofagasta "adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final".

Asimismo, anunció sumarios en ambas entidades públicas con e fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, y advirtió que entregará todos los antecedentes recabados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).