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Un informe publicado por la Organización Mundial de la Tortura (OMCT) aseguró que cada día los pueblos indígenas, en diversos lugares de Latinoamérica, siguen siendo sometidos a distintas formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La criminalización de líderes indígenas, las masacres y asesinatos de miembros del colectivo y el desplazamiento forzado siguen perpetrándose, se indica en el informe, elaborado por la OCT junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y que cita abusos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.

El documento denuncia también la expropiación de territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas por parte de las autoridades locales para imponer "intereses comerciales y mercantilistas".

Estas expropiaciones han aumentado en los últimos años con el fin de acometer grandes proyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos, en detrimento de los derechos fundamentales de estos pueblos, señala el informe.

El documento menciona en este sentido el actual conflicto en el departamento del Cauca, en Colombia, con más de la mitad de población indígena y afrodescendiente, donde confluyen fuertes intereses económicos.

Según indica el informe, estos colectivos sufren la presión ejercida por comunidades y empresas por la disputa de la tierra y son perseguidos por grupos armados ilegítimos que los fuerzan a abandonar su territorio haciendo uso de la violencia o a través de sobornos.

Por otro lado, se denuncian duras represiones a protestas sociales pacíficas, así como la criminalización y judicialización de defensores de los derechos humanos de estos indígenas.

El escrito cita como ejemplo la represión por parte del Gobierno de Guatemala a las protestas pacíficas del pueblo indígena maya q’eqchi’ que tuvieron lugar el pasado octubre en la ciudad de El Estor.

"Las fuerzas de seguridad guatemaltecas, que desplegaron 500 soldados y 350 policías nacionales, hicieron un uso injustificado y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes", denuncia el documento.

"El racismo sigue profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales de los países latinoamericanos y esto se ha traducido en una práctica permanente de tortura contra los pueblos indígenas", destacó la asesora de derechos humanos de la OMCT Teresa Paredes al presentar el informe.

“Es urgente que los países de la región apliquen el marco internacional y los marcos nacionales de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas”, agregó.