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Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó este miércoles que el servicio de Telegram sea suspendido en el país, por la campaña de la empresa contra un proyecto de ley que busca ponerle freno a la desinformación en la internet.

La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable en el Supremo de un proceso sobre difusión masiva de "discursos de odio" e información falsa en las redes sociales, y en principio estará en vigor durante un plazo de 72 horas y puede incluir fuertes sanciones pecuniarias.

La reacción judicial responde a un comunicado enviado por la red social a sus usuarios en ese país, en el cual sostiene que "la democracia está siendo atacada en Brasil" por ese proyecto legislativo contra la desinformación.

El comunicado también afirma que el proyecto de ley contra las noticias falsas "acabará con la internet moderna" en Brasil y que podría obligar a empresas como Telegram a dejar de prestar sus servicios.

En su decisión, De Moraes también ordenó que Telegram envíe otro mensaje a sus usuarios, en el que diga que "por determinación de la Corte Suprema de Brasil", la empresa reconoce que "el comunicado anterior caracterizó una flagrante e ilícita desinformación, que atenta contra el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Estado de Derecho y la Democracia Brasileña".

Ese nuevo mensaje deberá aclarar que la plataforma, "fraudulentamente, distorsionó la discusión y los debates sobre la regulación de los proveedores de redes sociales y redes de mensajería privada, en un intento de inducir e instigar a los usuarios a presionar a los parlamentarios".

El comunicado divulgado por Telegram ya había sido respondido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que apoya el proyecto de ley en cuestión y que anunció que adoptaría "medidas legales", pues "ninguna empresa extranjera es mayor que la soberanía del país", según dijo el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta.

La semana pasada, Google también usó sus servicios para criticar el proyecto legislativo, que tramita en la Cámara de Diputados, y el  poder ejecutivo obligó a la empresa a retirar de sus plataformas el texto.

Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, Google se valió de su "poder económico" para promover una "campaña abusiva y engañosa" contra el proyecto de ley y contra un debate "parlamentario y democrático" que busca contener la masiva circulación de desinformación en internet.