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La Corte Suprema condenó a 11 exmilitares como autores del asesinato de 38 campesinos tras el golpe militar que en 1973 derrocó el gobierno de Salvador Allende.

“Mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de Paine, ejecutadas por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas”, señaló el abogado querellante y representante de familiares de 37 de las víctimas, Nelson Caucoto.

“El máximo tribunal de la República ha dictado sentencia definitiva sobre una masacre ocurrida hace 49 años en esa localidad rural. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad. Lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de sanidad para esos familiares y para la sociedad chilena en general", agregó.

La Segunda Sala del máximo tribunal chileno recalificó, además, los delitos en relación al fallo de segunda instancia, elevándolos de secuestro calificado a homicidio calificado, decisión que permitió que la Corte Suprema aumentara también la pena al capitán Jorge Romero y al subteniente Arturo Fernández , a 20 años de presidio mayor.

Los jueces reconocieron, no obstante, la colaboración en las investigaciones, que ayudó a identificar a las víctimas, y les aplicó por ello un atenuante especial.

El proceso, liderado por la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, estableció que en el contexto del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo detuvieron de forma indiscriminada a decenas de campesinos.

Los entonces militares trasladaron a los trabajadores después en camión hasta una quebrada cercana, donde los ejecutaron, disparándoles con las armas de fuego que portaban. 

Sus osamentas fueron encontradas tiempo después por sus propios familiares, trasladadas de manera desordenada por unidades de Carabineros y depositadas en el Servicio Médico Legal (SML), lugar donde permanecieron durante 20 años arrumbados en una bodega sin ser examinados para su identificación hasta la pasada década de los noventa.