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Durante esta jornada, la jueza Paulina Moya, perteneciente al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, desestimó la solicitud realizada por la defensa de Daniel Jadue para reabrir la investigación por su participación al mando de la Asociación  Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) y, con esto, se mantuvo vigente la acusación del Ministerio Pública por los delitos de cohecho y fraude al fisco contra el exedil de Recoleta.

La magistrada señaló que, en esta situación, “no se configura infracción sustancial de derechos de vulneración constitucional”. Además, con esta determinación la preparación del juicio oral fue reagendada para el 8 de octubre.

Por el lado de Jadue, su defensa había solicitado ampliar a 120 días de plazo para la investigación lo que fue rechazado. En tanto, la fiscalía está solicitando 18 años de cárcel para la exautoridad por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y un delito concursal.

A su vez, en conversación con La Tercera, el abogado querellante Christian Espejo afirmó que realizará una presentación al Servicio Electoral (Servel) para impugnar la candidatura parlamentaria de la exautoridad.

"Esto a nosotros nos conlleva como querellantes, que sí tenemos la facultad, una cosa que no tiene el Ministerio Público, de oficiar al Servel, para el efecto de que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato", señaló.

En la nota del diario, el jurista señaló que el artículo 16 de la Constitución establece que el derecho de sufragio se suspende “por encontrarse acusado por delito que merezca pena aflictiva”.