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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) dio a conocer que, desde enero a mayo de este año, el 51% del total de expulsiones materializadas fue a través de una orden administrativa.

Según consignó La Tercera, un informe que Sermig presentó ante la Cámara de Diputados y Diputadas revela que 425 personas han sido expulsadas del país desde enero hasta el 17 de mayo pasado.

De estas expulsiones, 218 casos (51%) fueron tipo administrativas, mientras que las otras 207 corresponde a órdenes del Poder Judicial. En 2023, de acuerdo a cifras de Gobierno, se concretaron 946 expulsiones, 337 de ellas administrativas y 609 judiciales.

El director de Migraciones, Luis Thayer, asegura que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas, debido a que el Gobierno ha impulsado modificaciones legales para expulsiones, y se han incrementado los recursos para concretar los viajes.

“Pero hay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes”, señaló.

Por otro lado, las cifras dan cuenta que del total de expulsiones materializadas durante lo que va del año, la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos con 161 expulsiones (38%), seguido por ciudadanos venezolanos con 150 casos (35%).

Mucho más atrás, se encuentran personas de Bolivia con 35 casos (8%), Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%.

Thayer asegura que las expulsiones “no discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades”.

El reporte también reveló que el número de ingresos clandestinos al territorio nacional, entre enero y abril de este año asciende a 11.705, según las denuncias recibidas por la PDI.

De este total, el 44,8% se produjo a través de la Región de Tarapacá, seguido de la Región de Arica y Parinacota con 10,2%. Más atrás se encuentra la Región Metropolitana con 6,8%, y Biobío con 6,6%. El Sermig explica que la estadística considera la zona en la cual se realizó la denuncia.

El organismo destacó que, en comparación al mismo periodo del año anterior, los ingresos clandestinos han disminuido 19,4%.

Por último, el Sermig informó que, de enero a abril, el número de las solicitudes de refugio suman 1.188, de las cuales solo 68 personas fueron reconocidas como refugiados, el resto se rechazó o bien se archivó.