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Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llegaron hasta la Fiscalía Nacional para solicitar que se extienda la indagatoria por la entrega de las pensiones de gracia no sólo a los funcionarios públicos involucrados, sino también a las personas que habrían recibido el beneficio mediante información fraudulenta o errónea.

En ese sentido, el diputado Juan Antonio Coloma afirmó que "es evidente que aquí se configuran dos delitos, el fraude al fisco, porque se entregan recursos con plata de todos los chilenos a personas que no cumplían los requisitos para obtenerlo, la obtención fraudulenta de beneficios sociales, sumado a una hipotética prevaricación administrativa”.

“A nuestro juicio, lo que hace es configurar una serie de delitos en los cuales se ha incurrido al otorgar estas pensiones de gracia que deben ser subsanados a la brevedad", dijo.

Agregó que "la obtención fraudulenta busca perseguir a las personas que adulteraron o entregaron antecedentes falsos y lo segundo, el fraude al fisco a quienes otorgaron estos beneficios, sin haber recibido los documentos o haber cumplido los requisitos".

Según el diputado, las responsabilidades están el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio Interior y en quienes firmaron los beneficios.

Por su parte, el diputado Henry Leal recalcó que "se deben revocar las pensiones a todas las personas que tengan antecedentes penales, si alguna persona se vio afectada por un acto donde intervino un agente del Estado, esa persona tiene todo el derecho a recurrir a los tribunales de Justicia y pedir una reparación con una sentencia judicial, pero no a través de una pensión de gracia".

Por ello, llamó "revocar a todos quienes tengan antecedentes judiciales, a los 69 casos y no solamente a ellos, hay 39 casos que detectamos en la comisión investigadora que tienen pensiones por lesiones leves, heridas que tardan una semana en sanar (...) también exigimos que se le revoque la pensión".

"Lo que no puede ocurrir es que aquí no pase nada y se termine con un funcionario de Interior despedido o sumariado, aquí tienen que asumir las autoridades políticas, entre el INDH y la subsecretaria del Interior están las responsabilidades", sostuvo Leal.