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Una serie de indicaciones al proyecto de ley Naín-Retamal fueron presentadas por el Gobierno ante la Comisión de Seguridad del Senado, donde se apuntó principalmente al polémico artículo 7: El de la legítima defensa privilegiada.

Hay que recordar que la iniciativa aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. En la sesión,  la ministra del Interior, Carolina Tohá, resumió los cambios indicando que "queremos resolver el que hoy a un carabinero se le trate como imputado luego de usar su arma de servicio en un procedimiento. Queremos que quede en condición de víctima o testigo (…) También vamos a prohibir que se le suspenda de sus funciones hasta que se pruebe su participación en un hecho punible".

El Gobierno también busca eliminar la cuestionada "legítima defensa privilegiada" y plantea que el uso de armas de fuego sea juzgado a través del Código de Justicia Militar.

En la discusión, el Gobierno además busca  incluir  a los integrantes de la PDI y de Gendarmería en el Código de Justicia Militar, que hoy es  aplicado al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. 

Además, en las modificaciones que buscan hacer también precisan que el funcionario policial solo hará uso justificado de su arma cuando haya ‘necesidad racional de su uso’ para impedir delitos contra su vida o su integridad física.

El Gobierno precisa que en tres artículos del Código de Justicia Militar ya aparece definido cuando un carabinero está exento de responsabilidad, al hacer uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño.

Al momento de justificar su voto, el presidente de la Comisión, el senador Felipe Kast valoró la actitud del Gobierno de “entender que un carabinero no puede aparecer como imputado cuando hace lo que le corresponde (…) Valoramos que el Ejecutivo haya cambiado de opinión”.

Los senadores integrantes Iván Flores, Manuel José Ossandón y Kenneth Pugh hicieron ver la necesidad de revisar las instituciones que tendrán este respaldo y que por tanto, serán reguladas en cuanto a la defensa propia, por la justicia militar.

Tras la discusión, en forma unánime, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública dieron su respaldo en general. Este sábado 1 de abril, los senadores de la instancia comenzarán el análisis de las indicaciones que fueron presentadas por el Ejecutivo como también aquellas que propondrán los legisladores.