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La noche del jueves 29 de octubre, a través de su cuenta de Instagram, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió por primera vez a la polémica rebaja de condenas otorgada a abusadores sexuales infantiles. En su declaración, la autoridad explicó que su firma aparece en varios de los cuestionados decretos debido a que se encontraba reemplazando al ministro de la cartera, Fernando Rabat.

“Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice”, afirmó Silva, atribuyendo la responsabilidad de la medida a la línea jurídica establecida por el titular de la cartera, conocida como el "criterio Rabat" o "doctrina Rabat". Esta interpretación sostiene que, si se cumplen los requisitos legales y no existen causales de exclusión explícitas, la autoridad administrativa no puede denegar el beneficio basándose únicamente en la gravedad del delito o el bien jurídico afectado.

Según el relato de Silva, el ministerio rechazó inicialmente múltiples solicitudes de rebaja. Sin embargo, sentencias posteriores de la Corte Suprema obligaron a revertir dichas decisiones bajo el argumento de que la cartera estaba privando ilegalmente de libertad a los internos. “Cuando llegamos a este ministerio rechazamos las rebajas de condenas. Yo mismo firmé varias (negativas). Sin embargo, al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión (...) Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, complementó.

En ese sentido, el subsecretario enfatizó que "ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía". Asimismo, añadió que situaciones similares ocurrieron durante la administración de Gabriel Boric.

A pesar de sus declaraciones de obligatoriedad judicial, El Desconcierto reveló que Silva defendió ante la Corte de Apelaciones de Santiago una rebaja de 19 meses para Patricio González Cortez, exagente de la CNI condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado de cinco integrantes del FPMR en 1987. 

La intervención del subsecretario ocurrió luego de que la justicia ya hubiera rechazado las pretensiones del exagente en dos ocasiones: primero, mediante un amparo desestimado por la Corte de Apelaciones en noviembre de 2025, y luego por una ratificación de la Corte Suprema el 2 de diciembre del mismo año.

MEDIDAS

Frente a la crisis, Silva anunció tres medidas inmediatas adoptadas por la cartera de Justicia: Suspensión total de la tramitación de todas las solicitudes de rebaja vigentes; Estudio jurídico preclusivo por parte de los equipos técnicos para evaluar si existen herramientas legales que permitan revertir los beneficios ya concedidos; y una Reforma legal para impedir que se repitan estos casos, la cual incorporará el derecho de las víctimas y sus familias a ser informadas y escuchadas en el proceso.

“Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir”, cerró la autoridad.