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En entrevista con el diario El País, Marcel dijo que “me impresionó mucho el descaro y la crudeza con la que se discute una estrategia para anular o reducir sanciones a una empresa sancionada por graves transgresiones a las regulaciones financieras. El pago de coimas se revela como un elemento más de un mecanismo para eludir responsabilidades legales”.

“Es de la máxima gravedad que existan abogados y oficinas de asesores de empresas que busquen obtener beneficios para sus clientes por la vía de pagar o intentar pagar sobornos a funcionarios públicos, cuya función es velar por el cumplimiento de las leyes y el buen funcionamiento de los mercados”, agregó.

El titular de Hacienda añadió que “es alentador, sin embargo, saber que las duras sanciones impuestas a las empresas involucradas surgieron de investigaciones de la CMF, las que se intensificaron al detectar que estas intentaron seguir operando después de suspenderse sus funciones”.

“En agosto de este año, después de la fecha de las grabaciones, STF Capital Corredores de Bolsa y sus directores, Daniel Sauer y Ariel Sauer, y su gerente general, Luis Flores, fueron sancionados con la máxima severidad por la CMF, suspendiéndose, además, las operaciones de Factop Corredores de Bolsa de Productos”, complementó.

Al ser consultado sobre la determinación del gobierno de oficiar a la Contraloría para que inicie un proceso de investigación, Marcel respondió que “las instituciones públicas han actuado en varias dimensiones. En primer lugar, apenas conocidas las grabaciones el Ministerio Público abrió un expediente de investigación y el SII y la CMF denunciaron a los participantes en la reunión por el delito de soborno”.

“Al mismo tiempo, ambos servicios iniciaron sus investigaciones internas para detectar irregularidades y como Ministerio de Hacienda pedimos a la Contraloría hacer lo suyo. El Estado ha actuado con la máxima diligencia, usando las facultades a su alcance para indagar y sancionar”, apuntó.

Para Marcel, “no son usuales los casos de cohecho en Chile, y menos con participación de abogados cuya obligación es el respeto de las leyes. Por eso hemos actuado con medidas que no son tan usuales. Es muy importante que el Estado actúe con celeridad y firmeza, activando todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos y evitar que estas conductas se repitan. No podemos normalizarlas”.