Durante el año 2022 se produjeron 1.070 expulsiones de extranjeros desde Chile, según información obtenida desde el Servicio Nacional de Migraciones, señaló radio Bío-Bío.
De acuerdo con estos antecedentes, del total de expulsados del año pasado, marzo fue el mes en el cual se produjeron más deportaciones, llegando a 228, seguido de agosto con 135.
Estas expulsiones se realizaron tanto por la vía administrativa, realizada por el propio Servicio Nacional de Migraciones, en caso de incumplimiento de la normativa migratoria o faltas a la Ley de Extranjería, como por la vía judicial, las que son ordenadas por los tribunales de justicia en contra de personas que han cometido delitos y tienen una condena menor a 5 años y un día.
En comparación con las deportaciones de 2021, hubo un aumento del 15%, ya que el año anterior se produjeron 913 expulsiones. El alza se debe al aumento de los procesos judiciales.
En detalle, por ejemplo, en agosto de 2021 hubo 12 expulsiones por la vía administrativa y 76 por la vía judicial. En tanto en el mismo mes de 2022 se produjeron 5 salidas administrativas y 134 judiciales, hecho que se repitió en la mayoría de los meses. En totalidad, en 2021 se realizaron 246 expulsiones por la vía administrativa y en 2022 fueron 31. A su vez, las judiciales en 2021 fueron 667 y en 2022 fueron 1.039.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, declaró a Bío-Bío que “respecto de las expulsiones administrativas y la baja en su materialización, por parte de la Policía de Investigaciones, lo que ocurrió entre el año 2021 y el 2022, es que cambió la Ley, que establece los procedimientos de notificación de las expulsiones administrativas”.
Señaló que se han “firmado más de 1.700 inicios de procedimiento de expulsión administrativa y, sin embargo, la policía ha podido materializar muy poquitas, porque el procedimiento que estableció la nueva Ley de migraciones hace mucho más engorroso el procedimiento de notificación y de materialización”.
Recordó que el Ejecutivo ha presentado un proyecto para “modificar el procedimiento de notificación de las expulsiones”.
Destacó el trabajo que se está realizando con sectores político para “incrementar las capacidades que tiene Carabineros de fiscalizar a personas en situación irregular. Sabemos que hoy día la autoridad que fiscaliza el tema migratorio es la Policía de investigación. Nosotros queremos que Carabineros apoye, y en ese sentido, estamos apoyando un proyecto y vamos a presentar indicaciones para facilitar y fortalecer esta idea, para que Carabineros apoye a la PDI”.
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