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Cerca de un millar de militares comenzaron a retirarse este sábado tras permanecer seis meses en la macrozona sur del país. Esto tras el fin del Estado de Excepción decretado en octubre del año pasado por Gobierno de Sebastián Piñera, y extendido desde entonces por el Parlamento llega a su fin este 26 de marzo.

No prorrogar el Estado de Excepción "no implica que el Gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", dijo este sábado el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien viajó a la zona para coordinar el despliegue policial que sustituirá a los militares.

La militarización afectó a cuatro provincias del sur: Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía.

La nueva Administración defiende la apertura de un diálogo con todas las partes involucradas en el llamado "conflicto mapuche", que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.

La ministra del Interior, Izkia Siches, viajó a la zona el 15 de marzo para iniciar acercamientos con las partes, pero tuvo que ser evacuada de un camino rural en la localidad de Temucuicui, más de 500 kilómetros al sur de la capital, porque sufrió una emboscada, con ráfagas de disparos al aire y la colocación de un vehículo en llamas en medio de la ruta.

"El Gobierno no va a retroceder en el plan, buscando diálogo y encuentro en el territorio. Entendemos que lo que ocurre acá es violencia, pero también falta de Estado", aseguró en una rueda de prensa posterior al ataque Siches, la primera mujer en ocupar el poderoso cargo en la historia chilena.

La oposición de derecha y extrema derecha son partidarias de extender la militarización y han calificado la violencia que perpetran distintos grupos radicales de "terrorismo".