La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la nueva condena de 17 años de cárcel que recibió Martín Pradenas, declarado culpable de siete delitos sexuales contra seis víctimas, entre ellas Antonia Barra, joven universitaria que se quitó la vida en 2019.
En entrevista con Radio ADN, afirmó este que "ayer escuchábamos al papá de Antonia explicar su sentir respecto a los años que fue condenado. 17, versus 40 que pedía la Fiscalía, antes de sumarle lo que se la va a abonar de haber estado en prisión preventiva, que de cierta manera se descuentan".
"Me llama la atención que habiendo subido el número de delitos acreditados a siete se haya disminuido (la pena). Fueron los siete delitos acreditados, quiere decir que aquello que se intentó instalar desde la defensa del acusado no fue tal. Fue una campaña de mentiras, que tenía que ver más con el carrete, que había una orquestación antifeminista en su contra, fue desestimado", agregó.
La secretaria de Estado indicó "otra cuestión que yo creo que hay que observar de la pena es que va a ser cumplida en prisión. Lamentablemente -y esto lo digo con harto conocimiento de causa- es un punto llamativo el que se cumpla en prisión, porque nos hemos acostumbrado a ver que los agresores sexuales cumplen condenan libertad".
"Ayer escuchaba las palabras de Alejandro Barra, que decía que más allá de los años él estaba tranquilo de haber hecho todo lo que había podido, de haber contribuido también al debate público porque no olvidemos que hace unos meses promulgamos la Ley Antonia, que precisamente apunta a los derechos de las víctimas con sus garantías procesales. Yo creo que esos son puntos a destacar, hay otras cuestiones que tienen que ver ya más bien con la valoración de la pena es lo que no nos corresponde entrar como Ejecutivo", sumó.
En la misma línea, Orellana aprovechó de "destacar el punto de las palabras de la madre de Antonia que yo creo que representa a muchas de las familias de víctimas de delitos sexuales. Lamentablemente, existe un manto de duda aún, un prejuicio cultural respecto a las víctimas de delitos sexuales que enfrentan no solamente mujeres, también niños y niñas".
"Por eso para nosotras es tan importante la perspectiva de género, porque no es que viene a desbalancear la objetividad en la justicia. Por el contrario, lo que viene es a balancear, porque precisamente lo que tenemos es una balanza que está inclinada en contra de las víctimas. ¿Por qué? Porque todavía hoy en el 2023 las mujeres sienten que al denunciar son ellas las que tienen que probar que son inocentes de la agresión que sufrieron", lamentó.
La titular de la Mujer enfatizó en la importancia de "confiar en el relato de las mujeres, no para emitir una condena a priori, eso no tiene nada que ver, sino que el hecho mismo de recibir la denuncia, de hacer el protocolo correspondiente, a propósito de lo que complementa la Ley Antonia, que es cómo vamos modificando las formas de acoger a las víctimas".
"El año pasado junto a la ministra Ximena Aguilera incorporamos la atención en caso de violencia, sexual dentro de las garantías explícitas de salud. En toda la red de salud la primera atención luego de una agresión sexual, y para eso no es necesario llegar con una orden judicial, es garantía explícita, es decir, es gratuita", expuso.
En esa línea, señaló que aquel protocolo "involucra una primera dosis de profilaxis, eso quiere decir prevenir infecciones de transmisión sexual, la entrega de anticoncepción de emergencia después, y también la programación de tres sesiones de primera contención, es decir, de primeros auxilios psicológico".
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