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La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la polémica por la entrega de pensiones a víctimas del estallido social que mantenían antecedentes penales.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado manifestó que es “una situación indignante” y explicó que este beneficio se formuló “para entregar una reparación a las personas que sufrieron graves daños durante el estallido y que esto termine en la discusión que estamos hoy día es porque ese proceso tuvo falencias".

En esta línea, anunció que se definió que 25 pensiones de gracia se dejarán sin efecto y “otros casos más que todavía tienen que revisarse”.

“Después de esto, se tiene que corregir este procedimiento futuro y el Presidente nos ha instruido que en aquellos casos en que no hay tema de antecedentes penales, igualmente se haga una revisión”, agregó.

Respecto a las personas con antecedentes penales que recibieron el beneficio, Tohá indicó que “ningún procedimiento de otorgamiento de pensiones de este tipo consideraba este aspecto”.

Asimismo, detalló que las pensiones de gracia entregadas a víctimas del estallido corresponden a 418 y comentó que existe un total de 18.000 más.

La autoridad indicó que "cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión. No es un premio al mérito, no tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida".

"Las personas que tienen antecedentes penales del conjunto de las pensiones de gracia son 69, no es verdad que todos o la mayoría de las personas tienen antecedentes penales. La enorme mayoría no tiene ningún antecedentes penales", recalcó.