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A propósito de una serie de declaraciones en torno a la violencia en la Macrozona Sur y otros hechos similares de violencia, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, remarcó que hay una diferencia sustancial entre utilizar el derecho constitucional a la libertad de expresión y amenazar.

En su vocería semanal, Vivanco subrayó que "no hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro de muerte, sabotaje, lesiones, venganzas, etc. La libertad de expresión es un derecho constitucional, previsto en la Constitución del 80 y también previsto en el proyecto de nueva Constitución, por lo que es una garantía democrática transversal".

Cabe recordar que esta semana causaron revuelo los dichos del empresario osornino, Pedro Pool, quien en dos programas a través de YouTube amenazó con “fusilar” a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa.

En este contexto, la ministra expresó que el derecho de libertad de expresión permite "que las personas podamos hacer calificaciones de bueno, malo, bonito, feo, excelente, reprobable, etc., y en consecuencia que nos manifestemos libremente sobre aquello que pensamos y es una garantía esencial del régimen democrático".

"Pero ese tema de yo poder expresarme en cuanto a mis ideas, principios, política, etc. no tiene nada que ver con que yo amenace realizar crímenes, delitos, venganzas o cualquier otro tema. En consecuencia, esto no es un tema de libertad de expresión, es un tema de amenazas de cometer delito y tiene que ser canalizado de ese modo", enfatizó.

Al ser consultada sobre cómo hacerse cargo de estas situaciones, afirmó que corresponde verlo con las autoridades de la ley. "Ahora, cómo se canaliza, es un recurso que tendrá que realizarse de acuerdo a la ley, en consecuencia la ley establece en algunos casos que se requiere alguna querella como en el caso de la ley de seguridad del Estado y en otros casos se puede hacer esto directamente porque hay norma que no requieren esas querellas previas", dijo.

Añadió que "es importante que las autoridades se coordinen entre sí para cumplir sus propósitos. En consecuencia, aquí no se trata de tener una pelota que se va tirando de unos a otros".

"Los tribunales no podemos ir a enmendarle la plana ni darle instrucciones a nadie, pero si tener presente algunos términos jurídicos que por lo menos nos permiten ilustrarnos y no confundir A con B porque son cosas muy distintas entre sí", cerró.