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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, defendió el proyecto de Ley Corta de Isapres, ingresado por el Gobierno para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a restituir cobros extras y a regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud de 2019.

En entrevista con el Diario Financiero, el secretario de Estado señaló que "es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas".

El ministro indicó que "la propuesta del Ejecutivo se presentó para ser discutida en el Congreso. Lo que sería una propuesta fallida es si ésta dependiera única y exclusivamente del Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las Isapres? Que esto es un engaño", cuestionó Cordero.

"No conozco una industria regulada tan beligerante como las Isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera. Entonces, ¿cómo se explica la abrumadora sentencia de la Corte Suprema en contra de las Isapres?", afirmó.

Sobre el fallo de la Corte Suprema y las críticas a la ley corta por parte de las isapres, Cordero planteó que "lo que me cuesta entender es por qué las Isapres siguen tratando de construir un mundo paralelo donde pareciera que no infringen la ley cuando la sentencia y los tribunales vienen sistemáticamente hace una década diciendo que lo hacen".

El titular de Justicia aseguró que "el Gobierno sí se está haciendo cargo de los usuarios: enviamos un proyecto de ley para que la sentencia no se aplicara inmediatamente. Si a las isapres no les parece la propuesta del Ejecutivo, entonces que digan cuál es la alternativa".

"El Presidente Boric está intentando buscar una solución. Ni la reforma constitucional tiene los votos, ni el proyecto del Gobierno satisface a todo el mundo. Hay que buscar un punto de encuentro para eso, pero eso parte de la base de asumir lo que jurídicamente sucede: hay una sentencia de la Corte Suprema que debe cumplirse. Esto requiere al menos que las isapres digan de qué modo, ellas creen, debe cumplirse", concluyó.