El ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que a un sector de la política "le cuesta" reconocer que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la Dictadura de Augusto Pinochet.
La declaración se enmarca en los polémicos dichos del consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, quien dijo a Icare TV tener un "dejo de admiración" por el dictador Augusto Pinochet al afirmar que "supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas".
A ello se sumó la última encuesta CERC-MORI, donde un 36% de los consultados contestó que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el Golpe de Estado” de 1973,
Silva encontró respuesta del Presidente Gabriel Boric, quien vía Twitter escribió: "Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto".
Posteriormente, el presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que "es burdo intentar de resucitar a Pinochet como un arma política al respecto”.
La guerrilla de declaraciones ocurren en la antesala de los 50 años del Golpe de Estado que se conmemorarán este 11 de septiembre. En ese contexto, Cordero indicó que la oposición contraria a "revivir los debates del pasado" funciona como "un relato de un sector del país, particularmente de un sector de la derecha".
"Ha sido muy evidente desde el inicio de los 90, esa fue la reacción después del Informe Rettig, esa fue la reacción desde que comenzaron las investigaciones de los jueces de dedicación exclusiva, esta idea de decir 'mira, aquí lo que se está haciendo es revivir heridas del pasado, una utilización política'", indicó el ministro a Tele13 Radio.
El secretario de Estado enfatizó que "lo que se dice ahora no es muy distinto de lo que se ha venido diciendo cada vez que han existido condenas contra militares comprometidos o ex militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos".
"Este no es un problema de los 50 años, aquí lo que yo creo que ha pasado es que a un sector de este país le cuesta reconocer explícitamente que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura no son justificables y no solo no son justificables sino que fueron delitos de lesa humanidad, que aquí no hay persecución judicial de nadie, aquí lo que hay es hacer responsables a personas que en el desempeño de cargos públicos de un estado que ocupó la represión política como una herramienta política contra sus adversarios, eso es lo que sucedió en este país”, sentenció.
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