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El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió al masivo operativo que permitió la detención de más de 40 funcionarios de Gendarmería involucrados en una red de corrupción y tráfico de influencias al interior de distintos recintos penitenciarios del país.

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad señaló que “el Estado tiene el control de las cárceles” y calificó como una “trampa retórica” el afirmar que dicha institución no cumple dicha labor debido a ese trabajo no puede alcanzar a la totalidad de las prisiones.

Gajardo enfatizó que el operativo conocido esta semana no corresponde a una acción aislada, sino que es el resultado de una investigación de largo aliento impulsada por una fuerza de tarea del Estado, constituida en marzo de 2023. 

Esta instancia fue conformada en conjunto con el Ministerio Público y las policías, con el objetivo de enfrentar de manera coordinada la infiltración del crimen organizado en los recintos penitenciarios.

El ministro detalló que el origen de esta coordinación se remonta a las extorsiones detectadas en el penal Santiago 1 a comienzos de 2022, cuando el actual Gobierno recién asumía.

En ese contexto, la autoridad reconoció que existieron dificultades iniciales para avanzar en una estrategia conjunta durante la administración anterior del Ministerio Público, encabezada por el exfiscal nacional Jorge Abbott.

COORDINACIÓN ESTATAL Y PERSECUCIÓN PENAL

“El operativo es fruto de una mesa que constituimos en el año 2023, que implicó un trabajo coordinado entre Gendarmería, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Es decir, el Estado actuando en su conjunto para enfrentar fenómenos complejos como la corrupción en los sistemas penitenciarios”, sostuvo Gajardo, destacando el carácter estructural del trabajo realizado.

En la misma línea, el titular de Justicia subrayó que la corrupción asociada al crimen organizado no es un fenómeno exclusivo de Chile, sino una problemática presente a nivel internacional.

“En general, el crimen organizado se ha infiltrado a través de la corrupción de funcionarios públicos, y por lo mismo impulsamos esta fuerza de tarea”, señaló, recordando que la solicitud inicial fue realizada a la Fiscalía Nacional en 2022, sin obtener una respuesta favorable en ese momento.

Según relató, la situación cambió con la llegada del actual fiscal nacional, Ángel Valencia, quien asumió en enero de 2023. “Con él tuvimos buena recepción. En marzo constituimos este equipo y lo que vimos ayer es precisamente el fruto de ese trabajo coordinado del Estado”, afirmó el ministro.

Consultado por la ausencia de renuncias o destituciones administrativas inmediatas tras la revelación del caso, Gajardo fue enfático en señalar que la prioridad está puesta en la persecución penal. “Si usted comete cualquier hecho ilícito va a tener que enfrentar la justicia. No es un funcionario de Gendarmería, es un delincuente y tiene que estar tras las rejas”, sentenció.

La autoridad defendió el rol de la propia institución penitenciaria en el desarrollo de la investigación. El ministro calificó como “paradójico” que, pese a tratarse de un caso de alta corrupción interna, haya sido posible avanzar de manera contundente gracias al trabajo de las oficinas regionales de Gendarmería, sin filtraciones de información durante el proceso investigativo.

Gajardo confirmó además que durante la audiencia de formalización programada para hoy viernes se conocerán mayores antecedentes del caso, así como las identidades de los funcionarios involucrados en la red delictual.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CAMBIO DE DEPENDENCIA INSTITUCIONAL

En la misma entrevista, el ministro abordó los próximos pasos del Ejecutivo en materia de institucionalidad penitenciaria. En ese marco, anunció que el Gobierno acelerará la tramitación legislativa para modificar la dependencia de Gendarmería, mediante una reforma constitucional al artículo 101.

Según precisó, el proyecto será presentado en enero, una vez concluido el receso legislativo, y buscará que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad. “Gendarmería tiene que ser una institución similar al resto de las instituciones en materia de seguridad”, explicó, añadiendo que las funciones de reinserción social deberán mantenerse en el ámbito del Ministerio de Justicia.

El miembro del Ejecutivo aclaró que la iniciativa no implicará un aumento inmediato del gasto público, ya que se contemplará una norma transitoria que mantendrá la reinserción en Justicia mientras se posterga la discusión sobre la creación de una institucionalidad específica para esta función. Asimismo, sostuvo que existe un amplio consenso político respecto a la necesidad de avanzar en esta separación de roles.

Finalmente, Gajardo subrayó que la reforma apunta a fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado, reforzando la seguridad penitenciaria sin desatender los procesos de reinserción, en un contexto marcado por el aumento de la complejidad delictual y la necesidad de coordinación interinstitucional.