Revueló causó la carta que firmó el presidente argentino, Alberto Fernández, junto a otros exmandatarios pertenecientes al “Grupo Puebla”, en apoyo a Marco Enriquez-Ominami, con duras críticas a la justicia chilena por el denominado Caso SQM.
La misiva afirma que "desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones".
Hay que recordar que el pasado lunes comenzó el juicio oral en este caso de corrupción por financiamiento ilegal de la política, el que fue investigado por la Fiscalía por más de ocho años y que tiene entre los principales involucrados al exsenador de la UDI, Pablo Longueira, y el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la carta y aseguró que en entrevista con T13 Radio, que la misiva "desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno".
Cordero respondió a la misiva señalando "que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias (...). La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional su contenido es improcedente".
El secretario de Estado comentó que ayer tuvo conversaciones sobre este tema con la canciller Antonia Urrejola y mencionó que este jueves tiene una reunión de trabajo con la Corte Suprema donde eventualmente se abordará la misiva.
"Es relevante destacar que el Gobierno no solo es respetuoso de la independencia judicial sino que la promueve, y además protege la autonomía del Ministerio Público", agregó el ministro.
La carta está suscrita también por otros líderes como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia). También firman el ex canciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE.) del Senado de México, Beatriz Paredes y la diputada chilena del Partido Comunista, Karol Cariola.
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