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El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que no se revocarán las pensiones de gracia en los casos en que los beneficiarios hayan sufrido daño permanente, a pesar de que tengan antecedentes penales.

En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, el ministro dijo que "el Presidente de la República lo ha definido, lo expresó la ministra Tohá y yo lo he expresado con anterioridad, las pensiones se mantendrán en caso de un daño permanente. Los casos de las lesiones oculares son los más evidentes".

"El Presidente ha definido los criterios y el Ministerio del Interior se encuentra estudiando cada uno de los expedientes", planteó, junto con recordar que "hay 418 pensiones otorgadas producto de las glosas del estallido".

Asimismo, reiteró que existen "pensiones que son observables", las cuales corresponden a personas con condenas previas o posteriores al estallido social, y a los casos en que no hubiesen estado en los supuestos que les permitió acceder a la pensión.

Respecto a la situación de las cárceles, Cordero fue enfático en descartar que en Chile se repita lo ocurrido en Ecuador, debido a que "el estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que pasa en su interior (...) Eso no significa que no estemos en circunstancias de preocupación respecto de situaciones que están identificadas".

En todo caso, reconoció que al interior de los centros penitenciarios existe un aumento de ciertos delitos, entre ellos, las extorsiones y las riñas. "Han aumentado las extorsiones, porque se están denunciando (...) Durante la pandemia, los homicidios al interior de las cárceles bajaron, pero las riñas han aumentado", puntualizó.

En relación al tipo de criminal que está ingresando a las cárceles de Chile, el secretario de Estado afirmó que los extranjeros representan un gran porcentaje de la población penal actual, sobre todo en el norte del país.

"El país, hace una década, tenía cerca de 1.600 personas privadas de libertad extranjeras, casi no eran venezolanas ni colombianas, ahora son casi 7.000 y representan el 14% de la población penitenciaria", en su mayoría, boliviana, colombiana y venezolana, según explicó.

También indicó que los delitos de robo, tráfico de drogas y tenencia de arma son los que más se repiten entre los extranjeros que ahora están privados de libertad. A lo anterior se suma que hay un gran porcentaje de migrantes bajo la medida cautelar de prisión preventiva y no porque estén condenados por algún crimen.

"En el norte, el 60% de los internos están en prisión preventiva y un 40% por condena (...) tenemos un abuso de la prisión preventiva, eso no permite segregar correctamente y tener políticas de reinserción adecuadas", señaló.

Finalmente, Cordero expuso que las bandas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales que están en las cárceles de alta seguridad "han intentado motines" y que "los comportamientos indebidos al interior de las cárceles son cometidos en su mayoría por extranjeros".