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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, emplazó a la fundación Democracia Viva a devolver los dineros que no han sido ejecutados de los tres polémicos convenios Serviu de casi $426 millones.

La polémica surgió debido a que el acuerdo fue suscrito entre el entonces seremi de Vivienda, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo es su actual pareja, siendo los tres afiliados a Revolución Democrática.

Desde la sede de la cartera, Montes respaldó indagatoria que Fiscalía inició por los contratos, asegurando que "enviamos un equipo investigador a la Región de Antofagasta. Estuvimos anoche reunidos hasta altas horas, y ahora en la mañana, para informarnos de todas las situaciones que se estaban provocando, los antecedentes que se lograron recabar".

El titular del Minvu adelantó que "logramos recopilar información relevante, que entregaremos directamente a la Fiscalía para correspondiente investigación. Información de distinta naturaleza, que corresponde entregársela directamente a Fiscalía".

Además, la autoridad anunció un sumario administrativo "que tendrá como objetivo final esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el 2015, y aplicados por primera vez en 2019".

"Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan, y buscaremos formas para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Nuestro mensaje es claro: esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable", subrayó.

El ministro anunció que iniciaron un trabajo para cambiar el modelo de asignaciones, que viene desde el 2015 y el 2019 en su aplicación, por uno más transparente y con mejores estándares. "Porque nos interesa seguir trabajando con fundaciones, que hacen una tremenda tarea en campamentos", señaló.

"Organizaciones sin fines de lucro que tienen historia en el trabajo territorial, y a quienes valoramos por su aporte y colaboración con el Estado", destacó.

Finalmente, acusó que "lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya la han gastado. Aquella parte que no han gastado, y que está en proceso de revisión, nos parece que lo sensato y razonable es que lo pongan a disposición".

"Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos", agregó, remarcando que el “Gobierno no descarta presentar una querella”.