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El ministro de Vivienda, Carlos Montes, manifestó su preocupación al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por la filtración a los medios de comunicación de nombres de funcionarios de esa cartera, que han colaborado en las investigaciones del Caso Convenios por los pagos irregulares entre la ONG Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Por lo mismo, solicitó a través de un oficio al máximo persecutor “ordenar al Ministerio Público que adopte las medidas necesarias, adecuadas y tendientes a resguardar la honra de los funcionarios que están siendo afectados y los que puedan serlo, por la filtración de información de la respectiva investigación”.

Según informa hoy La Tercera, en el documento enviado a Valencia por la autoridad ministerial se indica que no solo se ha publicado información sobre el estado de las indagatorias que está llevando adelante la Justicia, “sino que, han aparecido con nombre y apellidos, funcionarios de la institución que han sido objeto de diligencias”, lo cual es “de absoluta gravedad”. “Se coloca en riesgo la honra de cada uno de los funcionarios a los cuales les rige el principio de inocencia”.

El titular del Minvu recalca que es imprescindible que se adopten las medidas necesarias, a fin de evitar un perjuicio mayor al ya provocado y señala que dichas filtraciones “pueden producir reticencia a aparecer de quienes puedan tener calidad de testigos y quienes puedan aportar antecedentes de relevancia para el esclarecimiento de los hechos”.

En el mismo oficio, el ministro Montes solicita poder gestionar “la potencial” devolución de los equipos celulares particulares de los funcionarios a los cuales se les fueron incautados en el marco de las investigaciones, una vez realizadas las pericias correspondientes.

Desde que estalló el caso de la ONG Democracia Viva, en Antofagasta, agrega La Tercera, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha logrado retener más de 1.186 millones de pesos de las cuentas corrientes de las fundaciones involucradas, además de presentar siete querellas, nueve solicitudes de disolución de la personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales y 14 acciones de restitución de fondos.

Por último, el Ministerio Público a cargo de la investigación penal, tiene abiertas más de 100 aristas de este caso a nivel nacional.