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Tras revelar que Manuel Monsalve solo dejó uno de los $50 millones asignados para sus gastos reservados, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que su antecesor, actualmente en prisión preventiva por violación y abuso sexual, deberá hacer la rendición de cuentas.

Según publica hoy El Mercurio, Cordero declaró en el caso Monsalve e informó a los investigadores que al asumir el cargo solamente encontró un millón de los 50 millones de pesos asignados semestralmente a esa dependencia para gastos reservados.

En entrevista con radio Infinita, la autoridad de interior expresó que "probablemente hubo utilización de esos gastos reservados”, y agregó que “la rendición de esa cuenta tiene que hacerse ahora y le corresponderá de hecho al exsubsecretario hacerlo”.

El subsecretario también destacó que la investigación “es un asunto que está entregado al Ministerio Público” y que el mensaje a la ciudadanía “es que no hay intocables en el país”.

Además, Cordero se hizo cargo de los desafíos que asumió al interior de la cartera tras el caso Monsalve. Al respecto, especificó que “es mi segunda experiencia de asumir el cargo en condiciones de estar en una institución golpeada”.

En ese sentido, dijo que “es relevante recuperar el ánimo de los funcionarios, porque los ministerios dependen del empeño que le ponen esas personas. Hay muchos de ellos que pueden sentirse defraudadas y la responsabilidad de la autoridad nueva que asume es recuperar esos ánimos”.

Asimismo, el subsecretario se refirió a las acusación de la oposición por un supuesto "pacto de silencio" al interior del Gobierno. Al respecto, enfatizó que “hay que tener cuidado con las palabras, la expresión ‘pacto de silencio’ o similares en Chile tiene una connotación bien específica y en Chile todavía hay quienes lo hacen efectivo hasta el día de hoy”.

Finalmente, expresó que esa acusación “es un abuso de la retórica” y que “no hay ningún antecedente” para dicha afirmación.

“Las mismas personas que hoy hablan de pacto de silencio sostuvieron que se pudieron haber manipulado las pruebas (…) la política es un espacio de discusión legítima, pero hay un cierto límite: hacer política con el Código Penal es seguir aumentando la incertidumbre”, concluyó.