Actualidad

Este miércoles se hizo pública una declaración conjunta entre Amarillos por Chile, Demócratas, Proyecta Chile, además del ex ministro Andrés Velasco y el ex militante socialista Hardy Knittel, en la cual argumentaron en seis puntos el por qué consideraron indebido el uso de la facultad presidencial del indulto, que el Presidente Gabriel Boric aplicó para 13 personas.

En primer lugar, señalaron que si bien el indulto está entre las atribuciones del Presidente de la República consagradas en el artículo 32 Nº6 de la actual Constitución Política, esta facultad tiene limitaciones que están contenidas en los artículos 4 y 6 de la ley 18.050, además de que el ejercicio de esta facultad debe respetar el principio de juridicidad contenido en la Carta Magna.

Luego, afirmaron que por tal motivo, esta potestad está reglada y no debe ser aplicada de forma "arbitraria y discrecional" por parte del Mandatario, y menos aún, que el propio Presidente señale la "inocencia" de una persona ya condenada por los tribunales de Justicia, ya que la atribución para determinar culpabilidad es propia del Poder Judicial, como se lo recordó la Corte Suprema con el inciso 1 del artículo 76 de la Constitución.

Para los firmantes, no resultaron prudentes ni adecuados los juicios que hizo el Jefe de Estado respecto a las "irregularidades" del proceso que condenó al condenado/indultado Mateluna, ya que procede a "deslegitimar la actuación de policías, fiscales, jueces, y ministros de corte que participaron en múltiples instancias del proceso". Por ende, "las convicciones personales no pueden condicionar el actuar de la institución presidencial" cuando se habla de procedimientos reglados y con atribuciones definidas por el texto constitucional.

No obstante lo anterior, en sus palabras, estimaron relevante y pertinente el debate abierto en torno al uso de esta atribución especial del Ejecutivo, que a su juicio, debe ser usada "de manera residual (...) evitando erosionar el respeto por la separación de poderes" anteriormente señalada, debido a que rige los tres poderes que constituyen al Estado.

Por último, es inédito y demandó un rechazo absoluto para los firmantes que un Presidente de la República se arrogue la potestad para declarar la culpabilidad o inocencia de un ciudadano, así como también que acuse al poder judicial de "irregularidades".

Ante estos hechos, los firmantes concluyeron la misiva llamando "a la prudencia y el respeto al funcionamiento de las instituciones".